La Paz, 2 may (EFE).- La defensa del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) repudió este viernes la resolución judicial que mantiene activa la orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas, pese a que el miércoles una jueza de Santa Cruz anuló esa disposición.
«Nosotros repudiamos esa actitud que está en contra de derecho, es antinatura y obviamente sabemos que eso obedece a presiones políticas», dijo uno de los abogados de Morales, Wilfredo Chávez, a los medios locales.
El abogado señaló que la resolución que el juez de La Paz Franz Zabaleta emitió «no tiene valor legal» porque no puede disponer «una acción de libertad sobre otra», según dicta la normativa boliviana.
Explicó además que la decisión de la jueza Lilian Moreno, de Santa Cruz, «tiene que cumplirse» ya que no hay otro procedimiento legal que pueda frenarla, de lo contrario habría «un caos jurídico».
«Obviamente deben darse las vías para que quede anulada esta decisión (la del juez Zabaleta) por ilegal, por inconstitucional, hay una sobreprosición de funciones del juez», añadió Chávez.
El fallo judicial de Zabaleta señala que «como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada» en el caso.
La resolución menciona también que dicha «medida cautelar» se mantendrá «entre tanto no se resuelva la presente queja».
Hace unos días, Nelson Cox, otro abogado de Morales, dijo a EFE que la decisión de la jueza Moreno otorgaba la «libertad irrestricta» al político y que no había posibilidad de que fuera apelada.
Además, Cox afirmó que esa determinación -ahora suspendida por un juez de La Paz- establecía que el caso debía pasar del sureño departamento de Tarija a Cochabamba, en donde la defensa de Morales insistiría en reclamar su inocencia en un proceso que -dijo- fue cerrado en 2020 y reabierto con un nuevo tipo penal.
En octubre de 2024, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez dictó una orden de captura contra el exmandatario, posteriormente refrendada por un juzgado de esa misma región, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.
Por este caso, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención; además, el exmandatario no ha salido desde entonces del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical.
A principios de este año, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.
Morales, que ya gobernó Bolivia en tres mandatos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019), pretende participar como candidato a la Presidencia de Bolivia en las próximas elecciones del 17 de agosto, pese al fallo constitucional que prohíbe la reelección continua o discontinua por más de una ocasión.
El exjefe de Estado y sus seguidores anunciaron que marcharán hacia La Paz el próximo 16 de mayo para inscribir su candidatura presidencial, sin revelar todavía el nombre del partido con el que se presentará a las elecciones, después tener que fuera apartado de la conducción del MAS, partido que fundó y lideró por casi 30 años.
Morales está distanciado del presidente Luis Arce, por diferencias en el manejo del Ejecutivo y del MAS. No obstante, el lunes el mandatario boliviano fue proclamado como el candidato presidencial oficialista.