Asunción, 1 abr (EFE).- Una comisión del Senado de Paraguay emitió dos dictámenes -uno a favor y otro en contra- sobre el retiro de la inmunidad como senador vitalicio al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), quien pidió su desafuero para afrontar un proceso judicial por presunta revelación de secretos de servicio, entre otros delitos, a raíz de una denuncia por «persecución» impulsada por su antecesor, Horacio Cartes (2013-2018).
La Comisión de Asuntos Constitucionales Defensa Nacional y Fuerza Pública atendió en una reunión ordinaria la solicitud hecha en marzo pasado por Abdo Benítez, quien fue imputado en marzo de 2024 por el Ministerio Público como parte de un proceso que incluye a varios de sus exfuncionarios, entre ellos tres de sus exministros.
Al término de la audiencia, a la que acudieron los abogados defensores del exgobernante, el presidente de la comisión, el senador oficialista Javier Zacarías, dijo a periodistas que «el dictamen ya está» y que ahora depende del titular del Senado, Basilio Núñez, y de la Mesa Directiva «pedir el tratamiento» en una plenaria de la Cámara Alta.
Zacarías, que integra el movimiento político Honor Colorado liderado por Cartes, defendió que su bloque apoyó con cinco votos el dictamen que aconsejó «hacer lugar» al desafuero, e indicó que los senadores no pueden «obstruir el estudio o la investigación de la Justicia».
«Estamos 100 % con el desafuero y 100 % convencidos de que hubo persecución política», expresó el oficialista.
La comisión emitió otro dictamen que propuso «no hacer lugar» al retiro de los fueros a Abdo Benítez, que tuvo el apoyo de los senadores opositores Rafael Filizzola y Yolanda Paredes, así como de la disidente del Partido Colorado Lilian Samaniego y el oficialista Mario Varela. Otros tres legisladores se abstuvieron.
Uno de los abogados de Abdo Benítez, Enrique Kronawetter, dijo a la prensa, al concluir la reunión, que la causa supuestamente fue «montada» para perseguir al exmandatario y a sus funcionarios.
«Él (Abdo Benítez) sabe que esta causa es una persecución inmisericorde con tinte político, pero se somete como cualquier ciudadano, fundamentalmente en solidaridad a las personas que hicieron su trabajo contra el crimen organizado», expresó Kronawetter, quien compareció ante la comisión junto a su colega César Trapani.
El Ministerio Público formuló, el 11 de marzo pasado, una acusación contra tres exministros y cuatro exfuncionarios del Gobierno de Abdo Benítez por los presuntos delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.
Abdo Benítez ni su exsecretario privado y actual diputado, Mauricio Espínola, fueron incluidos en la acusación, debido a sus fueros, por lo que ambos solicitaron les fueran retirados.
Según la Fiscalía, los exfuncionarios acusados habrían presuntamente «formado un esquema», entre 2021 y 2022, para la «elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera» que «aspiraba a generar (una) investigación penal en contra de adversarios políticos de Abdo Benítez».
La investigación del Ministerio Público se inició tras una denuncia presentada en julio de 2023 por Cartes, en la que se declaró víctima, desde 2018, de una presunta «persecución» por parte de «personas en el ejercicio del poder político».