Brasilia, 7 sep (EFE).- Brasil se declaró este sábado «sorprendida» con la decisión del Gobierno venezolano de revocar la autorización que tenía para representar los intereses de Argentina en Caracas y custodiar sus instalaciones diplomáticas, que recordó que son «inviolables».
«El Gobierno brasileño destaca la inviolabilidad, en los términos de la Convención de Viena, de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente alberga a seis asilados venezolanos, así como sus bienes y archivos», señaló la Cancillería en una nota.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que «permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que Argentina designe a otro Estado aceptable» para el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, a fin de llevar a cabo esas funciones.
Brasil se ocupa desde agosto de la custodia de las sedes diplomáticas de Argentina y Perú en Venezuela, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país caribeño, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones, tras rechazar la proclamación de Maduro como vencedor de las elecciones del 28 de julio.
Sin embargo, varios opositores al Gobierno de Maduro denunciaron que desde la noche del viernes agentes de seguridad han cercado la embajada de Argentina en Caracas, «tomado» los accesos a la misma y cortado la electricidad.
Este episodio supone un nuevo punto de fricción en la relación entre Lula y Maduro, que se ha desgastado en los últimos meses debido al proceso electoral venezolano.
Lula no ha reconocido ni la victoria de Maduro ni la del líder opositor Edmundo González Urrutia, esta útima respaldada por parte de la comunidad internacional, y ha insistido en la publicación de las actas electorales de forma desglosada.
«Creo que el comportamiento de Maduro es decepcionante (…) Como presidente, debería probar que fue el preferido del pueblo venezolano, pero no lo hace», expresó Lula el viernes, en una entrevista a una radio local.
Lula, junto con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y en menor medida con el líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han intentado sin éxito mediar entre las partes para la divulgación de esas actas, que la oposición hizo públicas en Internet con un resultado ampliamente favorable a González Urrutia.
Por la publicación de esos documentos, la Fiscalía abrió una investigación penal y dictó una orden de prisión contra González Urrutia, a quien acusa de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigar a la desobediencia», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas» y «asociación para delinquir».
La victoria de Maduro fue proclamada por el Colegio Nacional Electoral (CNE) y ratificada luego en un controvertido proceso que impulsó el propio Maduro ante el Tribunal Supremo.