El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez advirtió, durante un foro sobre la democracia, que la libertad de prensa debe prevalecer sobre todas las causas políticas del mundo, independientemente de las ideologías de los gobiernos. Como ejemplo, destacó el papel que han desempeñado los medios de comunicación en Colombia al fiscalizar la gestión de los distintos gobiernos y denunciar, especialmente, los casos de corrupción política.
Uribe resaltó que los medios de comunicación han tenido la oportunidad de ejercer su labor fiscalizadora y defender la libertad de prensa, incluso frente a gobiernos de distintas tendencias políticas.
“Muchos periodistas han sido asesinados por investigar a políticos corruptos. Los medios de comunicación también han contribuido a aportar pruebas para que sean juzgados los malos gobernantes y otros implicados en actos de corrupción, algunos de los cuales se encuentran actualmente en prisión”, sostuvo.
El exmandatario afirmó que siempre ha defendido la libertad de prensa y que esa causa debe mantenerse en todos los países, sin importar las ideologías políticas de sus gobernantes.
“Desde este escenario, estoy pidiendo que esa causa se mantenga en todos los países del mundo, sin importar que sus gobiernos sean de extrema izquierda o de extrema derecha”, expresó.
Álvaro Uribe participó junto a otros expresidentes y dirigentes latinoamericanos, entre ellos Laura Chinchilla, Jamil Mahuad, Hipólito Mejía y Jeanine Áñez, en un debate sobre la libertad de prensa en el mundo actual, particularmente en una región donde persisten regímenes autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
“La única manera de defenderse de las dictaduras es mediante gobiernos que cumplan la Constitución y las leyes y, sobre todo, que hagan respetar la libertad de prensa y garanticen la protección y la seguridad de los periodistas que denuncian la corrupción”, añadió.
“La libertad de prensa es intocable. No se deben imponer censuras ni textos a los medios de comunicación. La Seguridad Democrática debe garantizar la libertad de los periodistas que han sido presionados por el terrorismo. Otra cosa es el derecho a contradecir”, sostuvo.
Uribe también fue enfático al señalar que ningún gobierno puede desconocer los derechos legítimamente adquiridos por los medios de comunicación. Aunque sin mencionar directamente el caso venezolano, aludió a las medidas contra medios independientes y recordó que no se puede despojar arbitrariamente a alguien de un canal de televisión adquirido legalmente y bajo una concesión legítima.
“Hemos escuchado la voz de expertos en política y libertad de expresión, así como la de representantes de los medios de comunicación. Hemos considerado que los Estados no deben controlar los contenidos de ningún medio”, reiteró.
El expresidente insistió en que la libertad de prensa no puede estar sometida a imposiciones oficiales, presiones políticas ni represalias contra los periodistas por sus opiniones o investigaciones.
Asimismo, advirtió que la libertad de expresión enfrenta amenazas tanto de los gobiernos autoritarios como de los grandes propietarios de plataformas digitales. Se refirió a los riesgos que representan las llamadas “dictaduras estatales” y las “dictaduras de los dueños de las plataformas”.
“Tiene que haber una defensa constitucional de los medios de comunicación”, sostuvo. A su juicio, la protección de la libertad de expresión requiere gobiernos comprometidos con el cumplimiento de las constituciones.
También destacó la importancia de reconocer la experiencia y el papel de las plataformas digitales y las redes sociales.
“Tiene que haber igualmente democracia y libertades en toda la región”, insistió.
Durante el foro de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), celebrado el 10 de noviembre en el Wolfson Campus del Miami Dade College, Uribe abordó también la situación de la prensa y el Estado de derecho en América Latina, con especial atención a Venezuela. Al concluir, subrayó que el bienestar económico no puede sustituir la libertad, la justicia ni la democracia.
Entre los principios defendidos durante el encuentro figuraron la prohibición de la censura previa, la protección del periodismo crítico y la seguridad de los comunicadores.
Los participantes destacaron que los gobiernos no deben prohibir arbitrariamente la difusión de contenidos ni exigir su revisión antes de su publicación, salvo en circunstancias excepcionales y estrictamente justificadas por razones de seguridad nacional.
También se insistió en que la protección del periodismo crítico debe amparar incluso las informaciones incómodas para el poder político, así como las opiniones y denuncias que contribuyen a mantener abierto el debate público.
Otro de los puntos fundamentales fue la necesidad de garantizar la seguridad de los periodistas. Los Estados y los organismos internacionales tienen el deber de proteger la integridad de los comunicadores frente a amenazas, persecuciones y agresiones relacionadas con el ejercicio de su profesión.








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