Han pasado ya más de 120 días de la extracción de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, y, en general, salvo algunos cambios de relativo beneficio para los venezolanos, los que viven, trabajan y todavía sufren en el país de Bolívar, las cosas siguen casi iguales que antes del 3 de enero. La crápula que integraba la dictadura chavista-madurista todavía está intacta en el control de mando. 

Por supuesto, las órdenes ya no vienen de Maduro, descansando en una prisión de Manhattan, sino de Washington. Pero la jauría, ahora con un nuevo domador, sigue ladrando. La “presidenta” Delcy Rodríguez recibe órdenes de concretar cambios, y los hace, pero poniendo y quitando a las mismas figuras. Una suerte de puerta giratoria. El ministro de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, fue destituido – ¡qué bueno, al fin! Pero tres semanas después es nombrado ministro de Agricultura. Y en su lugar es nombrado un general casi desconocido, pero de la misma calaña de aquel, también del grupo chavista. 

El ministro de justicia es sustituido por otro magistrado tan corrupto como el anterior. Todos los cambios que ha hecho hasta el momento Delcy Rodríguez, han ido de mal en peor. Estos no han sido cambios. Han sido rotaciones maquiavélicas con el propósito de tratar de cumplir con Washington, pero haciéndolo de manera perversa como una burla cruel no tan sólo al pueblo venezolano, sino también a la Casa Blanca. 

Todavía es parte del poder, con amplia e inmerecida autoridad, Diosdado Cabello, sujeto sancionado por Estados Unidos como jefe del Cartel de los Soles, organización criminal narcoterrorista y sobre el cual existe una recompensa de 10 millones por su captura y entrega a la justicia. ¿Captura?  Ahí lo tienen. A la mano. Paseando por las calles de Caracas, inspeccionando y alentando a los delincuentes llamados colectivos que no son más que grupos paramilitares y que a diario abusan a la ciudadanía siguiendo sus órdenes.

Cuando observamos lo que ha cambiado en Venezuela en estos 120 días de “hipotética liberación” nos queda en la conciencia un reclamo de insatisfacción. No, no es que aspiráramos a una liberación total, un regreso a la democracia en dos semanas, o en un mes, después de 27 años de dictadura. Esas no eran, por supuesto, expectativas reales. Pero, lo que sí es una expectativa real, lógica y legítimamente humana, es esperar que, a los casi cuatro meses de la remoción del dictador en jefe, se hayan producido cambios honestos -no de sinvergüenza por sinvergüenza- para encaminar a la nación venezolana en un sendero sólido hacia la democracia.

Estamos conscientes de que cada proceso de trascendencia -como un cambio de régimen- está sujeto a un planeamiento riguroso que se debe ejecutar de acuerdo con lo proyectado. Es entendible. Pero, siguiendo el mismo hilo de pensamiento, entendemos que el tiempo para la implementación debe ser razonable. No se debe eternizar la ansiedad de todo un pueblo esperando el Nirvana.

El plan de estabilización estructurado por Estados Unidos para el final arribo a la democracia en Venezuela, va trabajando, pero a paso lento. Los venezolanos están dando muestras de impaciencia. La ciudadanía, en sus hogares, no ha sentido ninguna mejoría material. Lo único que celebran, con razón, es la ausencia de Nicolás Maduro. Por lo demás, mucho ruido y pocas nueces. 

De inmediato, ¿qué quieren los venezolanos? El llamado, con fecha determinada, a unas elecciones generales para barrer toda la escoria de la dictadura que continúa en el poder, empezando por los hermanos Rodríguez, cómplices de los 27 años de atropellos chavistas. Fijar una fecha prudente para las elecciones es una necesidad apremiante. ¿Para cuándo?  Lo antes posible. Quizás para finales de este año, o para el primer trimestre del próximo, pero no más tarde.

Prolongar una consulta popular sería un grave error en el proceso de estabilización y una enorme oportunidad para la porra que aún mantiene el poder, y que, silenciosamente, ladinamente, lucha por asentar, solidificar su posición, con la solapada esperanza de que algún sorpresivo imponderable en la política nacional americana o en el teatro internacional les mantenga en la poltrona de mando.

Porque esta gentuza que gobierna en Venezuela es la misma que operaba bajo Maduro, ejecutando todas las órdenes, los abusos, arbitrariedades y latrocinios dictados por él que eran prototipo de ese régimen. Es la continuación del mismo. Falta un solo nombre que descansa, abatido, en una incómoda celda de New York. Por lo demás, todo, o casi todo, sigue igual.

En realidad, se han logrado algunos beneficios. Como, por ejemplo, el control del petróleo por Estados Unidos. Hoy nuestra nación tiene más poder energético que el 2 de enero, que ha sido, en justicia, una recuperación a la expropiación -robo- a las compañías americanas que crearon la infraestructura petrolera venezolana a un costo de cientos de billones de dólares. Eso está muy bien. Es una vieja deuda que tenía que ser cobrada. Pero la ciudadanía venezolana está pasando por las mismas vicisitudes a pesar de que las arcas del tesoro se robustecen con la entrada semanal de miles de millones de dólares por la creciente venta del crudo. Sí, es cierto, se han liberado algunos presos, pero la mayoría queda en cautiverio. Los militares, desafectos al régimen -157- aún están en prisión. Se ha promulgado una ley de amnistía con implicadas amenazas. Y, en término general, no se puede decir, con plena honestidad, que el venezolano de a pie, está feliz o contento. No lo está. Lo estará cuando se determine una fecha para unas elecciones generales donde pueda escoger libremente a sus gobernantes y regrese, de una vez, la luz de la democracia a Venezuela.

La primera fase del plan para encarrilar a la nación en el camino de la paz y la convivencia armónica está en marcha. No ha habido convulsión social. Ni interrupciones. Ni excesivo derramamiento de sangre por el cambio. El statu quo se ha mantenido. 

Pero ahora se impone, de necesidad imperativa, el segundo paso en el camino: elecciones generales para normalizar las funciones del país. Los venezolanos, dentro y fuera, lo reclaman. Es su derecho. El objetivo de la operación no era solamente explotar petróleo, sino, de orden prioritario, llevar libertad y democracia a la nación Andina.

No es, en modo alguno, una ecuación complicada.