El tiempo apremia: es necesario enjuiciar a Raúl Castro, único sobreviviente responsable, por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional.

“Este fue el pronunciamiento oficial de los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, quienes afirmaron que existen pruebas suficientes para encausar al tirano cubano en una corte de Estados Unidos.

“Hay incluso grabaciones en las que el propio Raúl Castro admite que él y su hermano Fidel ordenaron el derribo de las  avionetas, en el que murieron Mario Manuel de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales”, señalaron.

Durante una conferencia de prensa en la sede del Hialeah Gardens Museum Honoring Assault Brigade 2506, los congresistas  destacaron que la actual administración, liderada por el presidente Donald Trump, podría impulsar el proceso judicial.

“A este tirano no le queda otra alternativa. Ya enviamos una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi y al presidente Donald Trump para que aceleren la apertura del juicio contra Raúl Castro”, reiteraron.

“Fue un crimen de lesa humanidad. Aviones de la Fuerza Aérea de la tiranía cubana utilizaron misiles para derribar aeronaves que cumplían una misión humanitaria y, lo más cruel, es que los cuerpos nunca aparecieron”, añadieron.

Recordaron además que, en ese momento, Raúl Castro era general de las Fuerzas Armadas del régimen cubano y que en junio de 1996 reconoció haber dado la orden de abatir las avionetas, lo que, según dijeron, “configuró un acto premeditado de terroºrismo de Estado”.

“Existen también antecedentes como los presentados por Madeleine Albright, entonces secretaria de Estado, quien expuso ante la comunidad internacional pruebas de la responsabilidad de Cuba en este acto”, indicaron.

Los congresistas subrayaron que la fiscalía federal acusó en su momento al general Rubén Martínez Puente, jefe de la Fuerza Aérea de la tiranía, así como a los pilotos Lorenzo Pérez y Francisco Pérez, aunque ninguno fue finalmente juzgado.

Asimismo, mencionaron el caso de Gerardo Hernández, condenado a cadena perpetua por espionaje y conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo, cuya pena fue posteriormente conmutada en 2014.

“Ninguna ley internacional concede inmunidad en casos de terrorismo, y estos delitos no prescriben. Por ello, Raúl Castro y sus subordinados deben ser procesados”, afirmaron.

“Por eso hemos solicitado al presidente y a la fiscal general de EE.UU. que impulsen cargos criminales contra Raúl Castro por su responsabilidad en estos hechos, más de treinta años después y sin que haya habido enjuiciamientos”, insistieron.

En una carta enviada a la Casa Blanca con fecha 13 de febrero de 2026, los legisladores pidieron al Departamento de Justicia considerar la acusación formal contra Castro por el derribo de dos avionetas civiles en aguas internacionales, así como evaluar la emisión de una alerta roja de Interpol.

“Treinta años después, concluyeron los congresistas el caso sigue siendo una herida abierta. La incógnita es si Washington reactivará este episodio histórico que podría derivar, finalmente, en un proceso judicial contra quien dio la orden del derribo”.