Por la Comisionada Natalie Milian Orbis

Nuestra comunidad alberga a la mayor población de exiliados cubanos en los Estados Unidos y en el mundo. Somos familias que huyeron de la dictadura, del encarcelamiento político y del colapso económico. Sabemos que el momento es ahora para aumentar la presión sobre el régimen, desmantelar las estructuras que lo sostienen y, finalmente, devolver la libertad al pueblo cubano. Con el endurecimiento de las sanciones contra Venezuela, la reducción del acceso por parte del régimen al petróleo venezolano y las acciones decisivas del presidente Donald J. Trump, la dictadura enfrenta una presión externa sin precedentes.

Es por eso que presenté una resolución que establece la posición del Condado de Miami-Dade con respecto al régimen cubano y la necesidad inmediata de fortalecer esa presión. Esta propuesta se basa en hechos reales y observables en nuestro condado. Aquí en Miami-Dade vemos comercios, proveedores de servicios y empresas de logística que anuncian abiertamente transacciones comerciales con Cuba. Estos patrones son visibles, medibles y están vinculados al flujo diario de dinero y bienes que llega a una dictadura a noventa millas de nuestras costas.

Una parte significativa de este problema involucra licencias generales que fueron creadas para fines humanitarios específicos y limitados. Estas licencias generales son vulnerables al abuso y la explotación. Su alcance humanitario se ha ampliado de maneras que plantean preguntas legítimas sobre cómo se están utilizando. De manera rutinaria vemos publicidad, promociones en redes sociales y cobertura noticiosa de bienes y servicios que se envían a Cuba y que parecen de naturaleza comercial más que humanitaria. Estos patrones han generado preocupación en nuestra comunidad sobre si las licencias se están utilizando según lo previsto y si las actividades que facilitan benefician al pueblo cubano o al régimen. Miami-Dade ha visto riesgos relacionados de primera mano. Los recientes esfuerzos para garantizar el correcto uso de estas licencias por parte del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, destacan la necesidad de una mayor investigación.

El presidente Donald J. Trump ha tomado medidas decisivas para poner fin a años de una política fallida hacia Cuba. Al asumir el cargo, revirtió medidas que debilitaban las sanciones, restableció una postura firme de aplicación, reafirmó la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y reimpuso límites claros al compromiso con entidades vinculadas al régimen. Ese liderazgo restauró la credibilidad de la política de los Estados Unidos y envió un mensaje claro a La Habana.

El secretario de Estado Marco Rubio entiende esta lucha porque proviene de esta comunidad. Ha demostrado cómo el régimen sobrevive explotando lagunas legales, el trabajo forzado y una aplicación débil de la ley. Con el liderazgo del presidente Trump y la claridad del secretario Rubio, los Estados Unidos están aplicando la presión necesaria para llevar a esta dictadura a su fin.

Pero la política por sí sola no es suficiente. La coerción y la aplicación de la ley son lo que hace reales las sanciones. Por eso la resolución exige la suspensión inmediata de las licencias generales y exportaciones relacionadas con Cuba que sean aplicables, a la espera de auditorías específicas. Esas auditorías deben determinar quién recibe los bienes, si los destinatarios están vinculados a la Lista Restringida de Cuba y si la actividad es genuinamente humanitaria o simplemente comercio disfrazado de caridad. La Comisión del Condado de Miami-Dade y toda nuestra comunidad deben alzar la voz contra los intentos del régimen comunista cubano de explotar lagunas legales para enriquecerse y aplastar la disidencia.