Washington, 15 abr (EFE).- Un grupo de legisladores estadounidenses señalaron este martes que están dispuestos a viajar a El Salvador para pedir la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño detenido en la megacárcel CECOT tras ser deportado desde EE.UU. a pesar de tener un estatus legal en el país.
La propuesta fue ideada por el senador demócrata Chris Van Hollen, quien envió una carta a la embajada de El Salvador en Washington con sus planes de viajar al país centroamericano si Ábrego, que residió en EE.UU. por más de 10 años, no está de vuelta en el país esta semana.
Los idea fue respaldada por los legisladores, también demócratas, Maxwell Alejandro Frost, de Florida; Robert García, de California; y Yassamin Ansari, de Arizona.
«Estamos en una crisis constitucional. El presidente está enviando a personas a una cárcel extranjera de manera ilegal (…) debemos ir a El Salvador y solicitar la liberación de Kilmar», escribió García en su cuenta de X.
El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. el pasado 16 de marzo y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».
El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las organizaciones delictivas transnacionales Tren de Aragua, que surgió en un cárcel de Venezuela, y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
Durante una visita a la Casa Blanca esta semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta a EE.UU. sería ilegal.
Por su parte, el Gobierno Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal, al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es «clasificado» y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.
El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
Ábrego García residía en el estado de Maryland, tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión sobre la que pesan denuncias de abusos a los derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.