Brasilia, 13 mar (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, relator en la Corte Suprema de Brasil de la denuncia por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, pidió este jueves que la Primera Sala del tribunal defina una fecha para decidir si acepta los cargos e inicia un juicio penal.
La solicitud fue presentada después de la que Fiscalía General, autora de la denuncia contra Bolsonaro y otros 33 sospechosos, rechazó los primeros alegatos de los acusados e insistió en que sean juzgados como supuestos responsables de un intento de golpe contra el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La Fiscalía negó los descargos de los acusados en un documento remitido este mismo jueves al Supremo, en el cual sostuvo que «la denuncia describe de forma pormenorizada los hechos delictivos y las circunstancias» de la supuesta trama golpista.
La conspiración, según la acusación, comenzó después de que el entonces presidente Bolsonaro perdió las elecciones de octubre de 2022 frente al actual mandatario.
La trama golpista habría primero intentado impedir la toma de posesión de Lula y desembocado luego en el violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de su investidura, cuando miles de ultras exigieron a las Fuerzas Armadas derrocar al nuevo Gobierno.
La Fiscalía, en el documento difundido este jueves, también negó una serie de pedidos formulados por las defensas de los acusados.
Entre ellos, uno que exigía que, si es aceptada la denuncia, el juicio sea realizado por el pleno del Supremo y no por la Primera Sala del tribunal, como prevén sus normas internas.
Ese brazo del Supremo está integrado por cinco magistrados que el bolsonarismo pretendía evitar, incluido el propio De Moraes, quien en los últimos años ha sido objeto de durísimos ataques y amenazas de la extrema derecha.
La fecha en que será analizada la denuncia de la Fiscalía será fijada por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, propuesto para el Supremo por Lula en 2023 y quien hasta ese momento era su abogado personal.
Los otros tres miembros son Flávio Dino, hasta inicios de 2024 ministro de Justicia en el Gobierno de Lula, y los magistrados Luiz Fux y Carmen Lucia Antunes, también de claro perfil progresista.
Si la denuncia es aceptada, esos cinco magistrados serán también los responsables del proceso penal, que según se asegura en medios jurídicos y políticos es casi un hecho y tendría inicio durante el primer semestre de este mismo año.