La Paz, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Luis Arce cuestionó este miércoles al empresario y precandidato electoral Samuel Doria Medina por su intención de replicar en Bolivia las políticas de seguridad aplicadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en ese país.
Doria Medina, que es parte del principal bloque opositor que busca concurrir con una candidatura única a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, informó en sus redes sociales sobre su reciente viaje a El Salvador, donde se reunió con funcionarios del Gobierno de Bukele y con el mismo mandatario del país centroamericano.
«Me encontré con el presidente Nayib Bukele y hablamos de su éxito en el combate contra la inseguridad de su país», publicó el empresario y comentó que se lleva a Bolivia «ideas para bajar el crimen y mejorar las cárceles. Porque cuando mejora la seguridad, prospera la economía».
«Igual que Bukele cambió profundamente El Salvador, haremos lo mismo en Bolivia», prometió Doria Medina, por ahora precandidato de la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, calificó de «irresponsables» las declaraciones del empresario y consideró que «ignora la realidad» de Bolivia.
«Queremos dejar claro que en Bolivia NO se gobierna con odio ni represión, sino con reinserción y respeto a los derechos humanos», sostuvo Limpias en un mensaje en redes sociales.
También defendió que el Gobierno de Arce «apuesta por la reinserción», mientras que en otros países «se prioriza el castigo extremo y el encierro masivo», y aseguró que en las cárceles bolivianas los reos «acceden a educación, trabajo, salud y formación para reconstruir sus vidas».
Según Limpias, el Ejecutivo boliviano cree «en segundas oportunidades, no en el exterminio social» y que además apuesta por tener «cárceles productivas» y «no campos de castigo».
«Comparar Bolivia con El Salvador es un discurso vacío y peligroso», señaló el funcionario y agregó que el Gobierno «construye justicia con dignidad, no con terror».
Bukele ha sido cuestionado por organismos internacionales defensores de los derechos humanos por su llamada «guerra contra las pandillas» que, según estas entidades, ocasionó una regresión en materia de derechos humanos en El Salvador por las miles de detenciones arbitrarias y denuncias de torturas ocurridas durante su Gobierno.
En enero pasado, la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) entregó al relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, un informe sobre la situación de las cárceles en El Salvador en el contexto de la implicación de un régimen para combatir a las pandillas.
Según la organización, que da asistencia legal gratuita a familiares de personas detenidas y que surgió en el ámbito de la implementación por parte del Gobierno de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas, más de 360 personas han muerto bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la ejecución de esa medida.
La Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialismo, amplía cada mes por 30 días la medida que se comenzó a implementar en marzo de 2022 y que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa.
Entretanto, en Bolivia el hacinamiento en las cárceles se incrementó en un 11 % en 2024, con un registro de 32.000 reclusos frente a los 28.838 reportados en 2023, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
Los recintos penitenciarios bolivianos presentan desde hace años problemas de conflictividad y hacinamiento debido, entre otros factores, a que la mayoría de los reos está en prisión preventiva sin sentencia y sus casos sufren retraso.