Bogotá, 10 feb (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), insistió este lunes en Bogotá, en el segundo día de su juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos, en que la causa tiene un origen político y que no es culpable de los delitos que le imputan.
Uribe, que por primera vez asiste de forma presencial a la diligencia que se realiza en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá, dijo que espera que «la justicia se dé cuenta de que aquí Álvaro Uribe no pidió mentir ni sobornar ni engañar a la justicia».
En paralelo al inicio de la audiencia que se realiza en el Juzgado 44 Penal de Bogotá un grupo de personas apoyaba al expresidente con arengas como «Uribe, inocente, el pueblo está presente».
Uribe, fundador del partido opositor Centro Democrático, remarcó hoy, como lo ha hecho en otras ocasiones, que «este es un montaje político» y confió en que la «verdad prevalecerá».
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
El juicio comenzó el jueves pasado luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
La defensa de Uribe
En la jornada de hoy el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, aseguró que probará la inocencia del exmandatario y aseguró que «lo que ha hecho la Fiscalía es tergiversar los hechos».
En esa dirección dijo que recusará a la jueza 44 penal del circuito, que lleva su caso porque no ha sido imparcial.
«Se perciben razones, motivos que permiten establecer que la imparcialidad de la señora jueza que preside este juicio, se encuentra seriamente comprometida. Y por eso, como garante del debido proceso, debe separarse del conocimiento del asunto», afirmó Granados.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este año la Fiscalía decidió acusarlo.
Justamente las víctimas del caso contra el expresidente Uribe solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU y a otras organizaciones enviar observadores internacionales para el juicio contra el exmandatario.
«La bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la CIDH, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y a ONG reconocidas internacionalmente para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respeto por los jueces y magistrados que la imparten», expresaron las víctimas, lideradas por el senador Cepeda.
Las víctimas acusaron a Uribe y su defensa de una «campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso» y afirmaron que «han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal».