Por buena parte de los últimos cuatro años, la dictadura venezolana, producto de un robo electoral de proporciones no tan solo escandalosas, sino vergonzosamente descaradas, ha navegado, para su buena fortuna, dentro de una deplorable colusión con la poderosa empresa petrolera Chevrón, con la bendición de la administración de Joe Biden. Se trata del levantamiento de una suspensión de la licencia que le había impuesto la administración de Trump a principios del 2019, y, por la cual, la petrolera americana no podía exportar el petróleo extraído de los yacimientos venezolanos. En este punto, es pertinente notar que de todas las empresas petroleras operando en Venezuela, como Exxon-Mobil y otras, la única que decidió quedarse funcionando en Venezuela, aceptando todas las condiciones de Maduro, fue Chevrón. 

Joe Biden, siguiendo los consejos de sus asesores, reactivó la licencia para que Chevrón reanudara la explotación y exportación de miles de barriles de crudo, y de paso, engrosar las arcas del tesoro. Debido a esta acción del gobierno americano, Venezuela y los líderes de su gobierno, todos ladrones de baja escala han recibido cientos de millones de dólares mensuales. Ha sido, en efecto, una invaluable ayuda, carente de estrategia lógica y del más elemental sentido común, en favor de un régimen espurio, que, además, es nuestro enemigo radicado en el vecino traspatio. 

Los directivos de Chevrón, acompañados de un grupo de ejecutivos de grandes empresas, días después de la elección de Donald Trump, han comenzado una persistente campaña tratando de convencer a los próximos funcionarios sobre la conveniencia de mantener negociaciones con Maduro. Los envueltos en estas nada patrióticas gestiones son personajes con abundante poder económico, y, sobre todo, generosos donantes al Partido Republicano. 

Evidentemente que este reto temprano implica dimensiones cuya magnitud es difícil de discernir a estas alturas; y ojalá que, al final, no opaque las libertarias esperanzas del 70% de los votantes venezolanos que ejercieron su voto, de manera inequívoca, por el regreso a la democracia.

De acuerdo a un reportaje recientemente publicado por “The Wall Street Journal”, hace pocas fechas llegó al puerto de Palm Beach con una carga de asfalto, un buque tanque procedente de Venezuela. Era la primera vez, desde la imposición de las sanciones decretadas por Trump, que llegaba a las costas americanas un cargamento similar. Este envío se hizo posible por la licencia que el departamento del Tesoro, bajo la presidencia de Biden, les extendió a algunas compañías, entre las que se encuentra Chevrón, dándole la luz verde para tales operaciones, a la vez que incentivaba a los lobistas a ejercer presión en el Congreso para un cambio de política hacia Maduro. En esta furtiva campaña, quedo-quedito, este grupo de cabilderos al vacío intenta convencer a un número de congresistas, todos del ala liberal, de negociar con Maduro requiriendo de éste la aceptación, como repatriados, de varios millones de sus compatriotas viviendo ilegalmente en Estados Unidos, a cambio de unas más normales relaciones que ayuden a esta nación a reducir el precio de la energía, especialmente la gasolina, con la distante y probablemente elusiva posibilidad, de frenar, en el transcurso, los avances de China y Rusia  en la tierra de Bolívar. 

Maduro y sus asesores están convencidos de que pueden lograr un acercamiento con Trump facilitando un suministro seguro de petróleo, en términos atractivos, mientras aceptan los vuelos de deportación, cosa que ayudaría a Trump a lograr su mayor objetivo político de deportar a los emigrantes venezolanos residiendo en este país. Es una especie de trueque cínico basado en cálculos al margen de los principios, pero que, el mundillo político, aceptaría, apretándose la nariz, como lo hizo con el robo de las elecciones pasadas, que ya sólo suena como un eco perdido en el desierto del olvido.

Las expectativas de este potente grupo ejecutivo, con el peso de sus cuantiosas donaciones interviniendo en la balanza de las escaramuzas político-económicas de la cuestión, no deja de tener validez. ¿No es acaso el interés de las naciones la primera prioridad en la mesa del ajedrez donde se discuten las cuestiones fundamentales? ¿Y no es el petróleo un factor de primer orden en el interés de las naciones? Entonces, el análisis de este grupo de prominentes ejecutivos, tiene un basamento lógico válido.

Sin embargo, existe en el contexto de la ecuación, otro factor de suma importancia en el momento actual que es el valor de la posición en el terreno geopolítico, especialmente para las naciones de poder. Y Venezuela, por virtud de su enorme reserva petrolera, tiene un incuestionable leverage que no puede ignorarse.

En el centro de este debate existen imponderables que no facilitan una hipótesis determinante en cuanto al rumbo futuro de la realidad política venezolana. ¿Existe en Washington todavía una estrategia angular para la restauración de la democracia en Venezuela? Probablemente sí. Pero Venezuela presenta una movediza incógnita, una especie de espinoso desafío para la nueva administración que iniciará su trabajo el 20 de enero. Hasta el momento actual Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador en las elecciones del pasado julio. ¿Mantendrá la nueva administración de Trump la línea dura de su primera presidencia?

A juzgar por las nominaciones en el capítulo de la política exterior, todo parece indicar que el presidente-electo, Donald Trump, tiene la intención de proseguir su régimen anterior de aplicar presión sobre Maduro a través de estrictas sanciones. 

La nominación de Marco Rubio como su secretario de Estado es un síntoma evidente de este futuro curso, puesto que, como senador, éste, por largo tiempo ha apoyado una fuerte presión internacional contra Maduro. Otros nombramientos, como los de Mauricio Claver Carone y Mike Waltz tienden a confirmar el rumbo de esa política.

Por el momento luce acertado concluir que, como primer paso, el futuro de las licencias especiales que Biden graciosamente otorgó a ciertas compañías de petróleo, y que tantos millones le produjo a la dictadura de Maduro y a Chevrón, quedarán en suspenso.

BALCÓN AL MUNDO

El presidente Joe Biden ha perdonado a su hijo por crímenes de los cuales fue convicto, y el espectro político de América ha entrado en conmoción. Las opiniones varían, desde la humana simpatía paterna hacia el hijo descarriado, hasta la acerva crítica apasionada por violación a principios morales, legales y procesales. Hunter Biden, al amparo de un generoso y casi ilimitado perdón extendido por su padre, no irá a la cárcel. ¿Actuó bien el presidente? Bueno, depende. Para Hunter, por supuesto. Para el resto de la nación es un resulto mixto.

En la repetición continua del presidente, durante meses, de que nunca perdonaría a su hijo, le mentía al pueblo americano cuando sus intenciones eran diferentes. En la extensión, casi sin precedente, que va desde el año 2014 hasta el pasado domingo, Mr. Biden actuó mal. ¿Por qué 2014? Porque fue en ese año en que Hunter entró en negociaciones con Burisma, la compañía energética ucraniana, que le pagó millones de dólares en cuestionables transacciones con la explosión de un escándalo que saltó hasta llegar a la reputación de su padre.

Como padre, Joe Biden actuó como tal. ¿Qué padre, bajo las mismas circunstancias, y con los mismos poderes, no perdonaría al hijo descarriado por malas conductas, aunque éstas fueran de grado mayor como las cometidas por Hunter?

Como presidente, Joe Biden en su muy debatible actuación, llevará la penitencia.

Su presidencia ha sido irremisiblemente dañada, pero con seguridad, su corazón de padre, descansará tranquilamente hasta el fin de sus días. 

Después de todo el presidente no deja de ser un ser humano con todos sus defectos y virtudes.

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  Los líderes de México y Canadá están en estado de inquietud ante la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles a las importaciones de esos países a Estados Unidos. De los dos, México sería el más afectado, puesto que, además de los anunciados posibles impuestos, la repatriación de varios millones de sus ciudadanos afectaría tremendamente el envío de remesas a sus familiares.

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Anticipándose a la toma de posesión de Trump como presidente en enero, la administración de Biden está enviando a Ucrania otros $725 millones en asistencia militar, incluyendo un sistema de “counterdrone” y municiones para su sistema de artillería de alta movilización.

Existe una amplia especulación en Europa, y en otros lugares donde la democracia es amenazada, en cuanto a los pasos a tomar por la nueva administración dada la promesa de Trump de terminar el conflicto.