Fiscal advierte pensamiento «violento» de Antauro Humala al pedir disolución de su partido

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15 de octubre de 2024

Lima, 14 oct (EFE).- El fiscal Hernán Mendoza argumentó el pensamiento «violento y de odio» del exmilitar peruano Antauro Humala, que cumplió 17 años de cárcel por homicidio y rebelión, al sustentar este lunes ante una sala judicial el pedido de disolución del partido político que lleva su nombre.
Mendoza indicó en la audiencia que no cuestiona el «pensar distinto», como afirma la defensa de Humala, sino el «pensamiento violento y de odio» del hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), y que comparte su organización política.
El fiscal añadió que la disolución se pide como «acto de prevención» a las acciones que (Antauro Humala) ha anunciado en varias presentaciones públicas y entrevistas, como son el fusilamiento de los exmandatarios involucrados en actos de corrupción, o actos de represión contra los integrantes de la comunidad LGTBI.
En ese sentido, Mendoza planteó a los magistrados que se declare la ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.RO) por mantener una conducta contraria a los principios democráticos, y, como pretensión accesoria, la cancelación de su registro como agrupación política.
Por su parte, el abogado del partido manifestó que Antauro Humala «no representa al partido» y que es «un militante que tiene derecho de opinión».
Además, remarcó que «en ningún momento, el partido se ha adherido a sus expresiones».
Tras el debate en audiencia pública, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema anunció que quedó al voto demanda para declarar la ilegalidad del partido de Humala.
El año pasado, el exmilitar también fue denunciado por presunta apología del terrorismo al ensalzar a la banda armada Sendero Luminoso, responsable de la muerte de casi 70.000 víctimas en los años del conflicto interno (1980-2000) en el país.
Humala cumplió, hasta agosto del 2022, 17 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, por su participación en el denominado «Andahuaylazo», un levantamiento contra el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), del que dijo sentirse «muy orgulloso» nada más abandonar la cárcel.

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