Quito, 9 sep (EFE).- La contrademanda por presunta violencia política de género contra la vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, busca su destitución, según aseguró este lunes la asesora presidencial Diana Jácome, quien presentó la denuncia a título personal.
«Confío en la Justicia electoral, que actúe en derecho y acepte mis pretensiones que he puesto en esta denuncia: destitución, suspensión de los derechos políticos y sanción económica», señaló Jácome en una entrevista en Radio Quito.
«Aquí se trata de defender al país y evitar que la vieja política regrese a Ecuador, hoy amparada en la vicepresidenta, que busca destituir al presidente (Daniel Noboa)», añadió.
Jácome presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) su denuncia contra la vicepresidenta después de que ésta denunciara en primer lugar por presunta violencia política de género al presidente Noboa y a varios funcionarios de su administración, entre los que se encuentra la misma asesora presidencial.
Abad ha acusado a Noboa de liderar un presunto hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y evitar que el mandatario deba delegarle las funciones presidenciales durante el periodo de campaña electoral de las elecciones de 2025, donde él buscará la reelección.
Para Jácome, «es doloroso y triste saber que tenemos una segunda mandataria que lo que pretende es desestabilizar al país», al punto que el Gobierno ha interpretado la demanda de Abad contra Noboa como un intento de golpe de Estado.
«En su denuncia inicial, su pretensión es destituir al presidente de la República, suspender sus derechos políticos y de las personas que también denuncia, y que se le imponga una sanción económica. El país no da más, es una desestbailización que pretende que el TCE le dé paso y nos quedemos sin presidente», aseveró Jácome.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraodinarias de 2023 que ganó Noboa, y se cristalizó tras la investidura cuando, en una de sus primeras decisiones, el gobernante la designó embajadora en Israel, con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.
La asesora presidencial defendió la legalidad de la decisión del presidente de haberla mandado al inicio de su mandato como embajadora a Israel con la función de promover la paz.
«La propia Constitución le otorga al presidente la facultad de encomendar a la vicepresidenta las funciones que debe desempeñar», apuntó Jácome.
«Más drástico sería tener una vicepresidenta que piensa que no debe haber educación gratuita, que no existe la violencia de género, que las mujeres embarazadas no pueden ganar igual que un hombre, que puede bajar el IVA (impuesto al Valor Agregado que Noboa subió del 12 a 15 %) , que puede dar indultos y revisar la Justicia. ¿Usted se imagina un solo día (de ella) en el poder? (…) Daña la imagen del país y la percepción de lo que estamos haciendo», opinó.
Investigación en la Fiscalía
Jácome insistió en que «es importante dejar claro quién es quién» y argumentó que no podían mantener cerca del Gobierno a la vicepresidenta «cuando hay evidencia a lo interno de que no estamos caminando por el lugar correcto y que se están haciendo las cosas de manera errada desde el lado de la señora Abad».
La asesora presidencial recordó que, «una vez que la señora (Abad) deje de ser autoridad, se levanta la inmunidad y prosigue la investigación (contra ella) en la Fiscalía». «Y que sea la propia Justicia la que nos dé la razón», agregó.
La Fiscalía pidió el levantamiento de la inmunidad de Abad para que fuese parte de la investigación en la que está involucrado su hijo por una presunta oferta de tráfico de influencia en la contratación de un trabajador de las oficinas de la Vicepresidencia, al que presuntamente se le pidió que entregase parte de su sueldo a cambio.
Sin embargo, la Asamblea Nacional (Parlamento) denegó la petición del Ministerio Público con los votos de la oposición, en una votación donde el oficialismo apoyó la moción.
Por este caso el hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, fue detenido y estuvo en prisión preventiva en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país, hasta que salió en libertad bajo fianza de 20.000 dólares.