Toribío (Colombia), 18 mar (EFE).- Indígenas del suroeste de Colombia pidieron este lunes a las autoridades que el asesinato de Carmelina Yule Paví, cometido por las disidencias de las FARC, no quede impune, al tiempo que denunciaron que la caravana que llevaba el cuerpo de la lideresa fue atacada por ese grupo armado en el departamento del Cauca.
Así lo manifestaron en el velatorio realizado en el parque principal de la localidad de Toribío a donde llegó el cuerpo de la mujer en una caravana en la que se escucharon lamentos por la pérdida de quien fue una luchadora por la paz y el bienestar de su comunidad.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) aseguró en la red social X que «el Frente Dagoberto Ramos ataca con ráfagas de fusil en el sector de La Despensa a la caravana que transporta el cuerpo de la mayora Carmelina Yule hacia Toribío».
Enorme pérdida
«Hemos perdido una mayora con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha trayectoria en el proceso, con mucho aporte para cambiar la juventud», dijo a EFE Manuel Méndez, autoridad ancestral del resguardo de Toribío.
Yule Paví, de 52 años de edad, resultó herida el sábado en un ataque del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC en el convulso departamento del Cauca, y falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas.
El ataque llevó al Gobierno a suspender el cese el fuego bilateral con ese grupo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
La indígena fue asesinada cuando intentaba impedir que miembros de la columna Dagoberto Ramos del EMC, grupo con el que el Gobierno negocia la paz, se llevaran a un menor de edad indígena. En el hecho otras dos personas resultaron heridas.
«Se nos llevaron toda una vida entregada al proceso», remarcó Méndez, quien recordó que el foco del trabajo de la lideresa asesinada estuvo en guiar a los jóvenes de la comunidad a retomar los valores de su pueblo pero «las balas apagaron la vida de esta gran mujer. Ella será eterna, dejó mucho conocimiento».
Por otro lado, la Procuraduría anunció hoy la creación de una agencia especial para intervenir en la investigación penal por el asesinato de Yule y pidió resultados en las investigaciones.
En ese sentido la procuradora colombiana, Margarita Cabello Blanco, reiteró el llamado a las autoridades para que investiguen estos hechos y «lleven a los responsables ante la justicia y redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas como sujetos de especial protección y destinatarias de medidas de prevención».
El Gobierno y el EMC llevan a cabo desde el año pasado una negociación de paz producto de la cual el 17 de octubre iniciaron un cese el fuego bilateral y temporal que en enero fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio próximo.