Quito/Guayaquil, 12 ene (EFE).- El pulso entre el Gobierno de Ecuador y las bandas del crimen organizado siguió este viernes por cuarto día consecutivo con la tensión centrada en los motines carcelarios y la inesperada propuesta de subir el impuesto al valor agregado (IVA) presentada por el presidente Daniel Noboa, que visitó el canal de televisión asaltado el martes por un grupo de hombres armados.
A última hora del viernes todavía había más de 150 funcionarios de prisiones retenidos desde el martes en seis cárceles (Esmeraldas, Latacunga, Ambato, Azogues, Cuenca y Loja) donde se registran motines simultáneos, con un saldo de tres presos fallecidos.
Un preso perecido fue retirado de la cárcel de Cuenca, mientras que los cadáveres de los otros dos fueron arrojados desde el interior de las prisiones de Azogues y Machala, y en esta última se logró controlar el motín que había días atrás.
Así, son al menos 16 las víctimas mortales de esta crisis de violencia.
La persistencia de esta situación sin resolver llevó en Latacunga a que un grupo de familiares de guardias carcelarios se manifestase para reclamar al Gobierno la liberación de sus parientes.
859 detenidos en cuatro días
Sin embargo, el Ejecutivo se mantiene en su postura de no negociar y de seguir la «guerra» declarada al crimen organizado a través del «conflicto armado interno» decretado a nivel nacional, con el que considera a estas bandas criminales como grupos terroristas y actores no estatales beligerantes.
Fuera de las cárceles se suceden los operativos policiales y militares que en cuatro días acumulan cuatro grupos delincuenciales desarticulados y 859 personas detenidas, 94 de ellas por presunto terrorismo, mientras que también han abatido a cinco presuntos delincuentes.
En la capital Quito, los operativos se concentran en el transporte público urbano, donde policías y militares realizan controles de identidad y registran pertenencias en busca de posibles integrantes de estas bandas criminales ahora calificadas como «terroristas».
Noboa plantea subir IVA: «La guerra cuesta»
Sobre ese escenario Noboa, que había prometido en campaña electoral no subir impuestos, sorprendió al presentar un proyecto de ley para incrementar el IVA del 12 % al 15 % con el objetivo de aumentar la recaudación y obtener recursos para financiar la «guerra» que le ha declarado a las mafias del crimen organizado.
«Debemos de tomar medidas duras, económicas, y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero», dijo Noboa en una reciente entrevista radial.
Esta subida del IVA planteada por Noboa a la Asamblea Nacional (Parlamento) no afectaría a los alimentos de primera necesidad ni a los de la canasta básica, ni tampoco a la salud, la educación y el transporte, y aún así con ella calcula que se podrían recaudar unos 1.300 millones de dólares.
Enseguida recibió la negativa tajante tanto del correísmo, que es el primer partido en representación en la cámara, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, así como las principales centrales sindicales.
Visita presidencial a canal asaltado
Tras el revuelo causado por ese proyecto de ley remitido a la Asamblea, Noboa visitó las instalaciones del canal TC Televisión después de que el martes fuese asaltado por un grupo de hombres armados y encapuchados que tomaron como rehenes a los trabajadores durante una transmisión en vivo que pudo ver todo el país.
Noboa no concedió ninguna entrevista ni respondió preguntas de los periodistas que llegaron al lugar, pues se limitó a saludar al personal y el equipo periodístico del canal y recorrer sus instalaciones hasta los estudios donde llegaron los asaltantes y donde aún estaban los impactos de bala que dejaron.
Mientras, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, logró desde Washington el respaldo unánime de la Organización de Estados Americanos (OEA), que condenó la escalada de violencia que atraviesa Ecuador y ofreció su apoyo «técnico» y «político» al Gobierno del presidente Daniel Noboa.
La OEA y se comprometió a «seguir monitoreando» la situación en el país para poder ofrecer «acompañamiento político» y apoyo técnico al Ejecutivo actual.