La Habana, (EFE).- Ocho personas fueron condenadas a hasta 12 años de cárcel por un tribunal de Santiago de Cuba (oriente) por participar en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba condenó a ocho personas de El Caney, siete de ellos a entre cinco y doce años de cárcel; y al octavo, a una multa de 4.000 pesos (160 dólares). El fallo absuelve además a otras dos personas.

Se les encontró culpables, en sus respectivos casos, de los delitos de atentado, desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, resistencia, evasión de presos o detenidos y también de propagación de epidemias.

La sentencia considera probado que entre los condenados hubo quienes gritaron consignas contra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y las fuerzas de seguridad. También asegura que algunos golpearon a agentes y se resistieron a ser detenidos.

Familiares de los condenados y ONG han criticado el juicio, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.

Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó recientemente poder asistir a los procesos.

El Tribunal Supremo de Cuba, por su parte, asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11 de julio.

Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad penal mínima en Cuba son los 16.

Desde diciembre se han registrado en Cuba los juicios a manifestantes del 11 de julio, con centenares de acusados. Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.

Según las ONG Justicia 11J y Cubalex, un total de 1.442 personas han sido detenidas en relación con las protestas. De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión.

Prisoners Defenders señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio.

Las autoridades cubanas, por su parte, niegan que en el país haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con «actos vandálicos» y «graves alteraciones del orden», organizadas en ocasiones desde el exterior.