La Paz, 20 jul (EFE).- Un comité presentó este miércoles ante la Fiscalía boliviana una denuncia en contra de opositores al Gobierno de Luis Arce, incluidos expresidentes y exministros de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, por los supuestos delitos de genocidio y alzamiento armado, por la crisis de 2019.
El abogado Rolando Cruz, representante del llamado Comité Impulsor del Juicio por el caso «golpe de Estado I» informó a los medios que presentó una denuncia en contra de más de una decena de personas, entre ellos el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora del país, Carlos Mesa, y el exmandatario Jorge Quiroga.
También fueron incluidas varias exautoridades del Gobierno transitorio de Áñez, entre ellas la excanciller Karen Longaric, el exministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, el extitular de Defensa, Fernando López, además de exjefes militares y policiales, entre otros.
Cruz enfatizó que todos están siendo denunciados por los supuestos delitos de «alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración, atentado contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio».
«Son esos delitos que necesariamente tiene que investigar el Ministerio Público, obviamente por un acto de responsabilidad para tipificar este tipo de delitos», comentó Cruz a los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial.
El jurista aseguró que tienen «las suficientes pruebas» que sustentan la denuncia, como por ejemplo, un video que presentaron que tiene una duración de tres horas.
El citado comité, al que la oposición vincula con el oficialismo, ha participado en algunas manifestaciones que exigían cárcel para Áñez por la crisis de 2019, que para el Ejecutivo y el partido gobernante fue un golpe de Estado.
El jefe de la bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, indicó a los medios que esta denuncia es un «menjunje de acusaciones que nadie entiende» y que parecería que el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS) está «nervioso», por lo que usa estas «triquiñuelas baratas».
«Es una acusación temeraria y va en contra de la inteligencia de los bolivianos», sentenció Seoane.
A su juicio, se trata de una «cortina de humo» para desviar la atención de temas de relevancia en el país, como el debate sobre la realización del censo de población y vivienda.
ANTECEDENTES
La Justicia boliviana investiga los casos «golpe de Estado I y II» que hacen referencia a la crisis política y social que hubo en 2019 posterior a las fallidas elecciones generales que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Para el oficialismo, la dimisión de Morales fue producto de un golpe de Estado, mientras que la oposición sostiene que fue consecuencia de las denuncias de un fraude electoral a su favor en los comicios, luego anulados.
Por el caso «golpe de Estado II», Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
La defensa de la exmandataria apeló la sentencia denunciando que hubo interferencia política en el proceso, mientras que el Gobierno boliviano también presentó una apelación para que la condena se amplíe a 15 años de prisión.
Áñez está detenida preventivamente desde marzo del año pasado el caso «golpe de Estado I», acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Por este caso fueron llamados a declarar el expresidente Mesa y el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, entre otros.