Santiago de Chile, 5 abr (EFE).- La sala del Senado aprobó hoy en general el controvertido proyecto de ley de seguridad conocido como «Naím-Retamal», que otorga más libertad de maniobra a la policía militarizada de Carabineros en el uso de las armas de fuego y reduce la asunción de responsabilidades al eliminar la proporcionalidad, lo que le ha granjeado las críticas de la ONU.
Tras una larguísima sesión, y a la espera del voto particular que se desarrollará en las próximas horas, el pleno aprobó la ley, a propuesta de la oposición, por 40 votos a favor y 5 en contra.
Este texto supone la fusión de dos proyectos de ley anteriores que avanzaban de forma paralela e independiente y que los grupos de oposición lograron fusionar durante la discusión parlamentaria en medio del duelo y el dolor público por la muerte de dos agentes de policía en sendos procedimientos rutinarios.
La acelerada discusión política en torno al proyecto -un aspecto procedimental muy criticado por los opositores a le ley- llevó a que la Comisión de Seguridad del Senado, presidida por el militante de derechas Felipe Kast, no escuchara en sesión la opinión de expertos en el tema, tampoco a las fuerzas de seguridad afectadas por la iniciativa -Carabineros, Policía de Investigaciones y Gerdarmería- o a la Fiscalía.
DEBATE INTENSO
«Me pongo de pie para hablar porque, al parecer, a este Senado no le basta con tener una colega, a la cual un carabinero le disparó en la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte», manifestó la senadora Fabiola Campillai, una de las víctimas de violencia policial más emblemáticas de las protestas de fines de 2019 que perdió la visión, el gusto y el olfato tras el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro.
«Este proyecto salió peor de la Comisión de Seguridad, es una aberración como está hoy. No se escuchó ni siquiera al alto comisionado de la ONU. Es impresentable y lo digo de pie, porque quiero ver quiénes votan a favor de este proyecto, porque este proyecto no va a evitar que mueran más personas», agregó.
Por su parte, el senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, afirmó que el Senado «es una cámara política, no es una cámara de expertos. Cuando yo escuchaba anteriormente a una señora senadora (Campillai) usar el término ‘aberración’, qué pena, y nos amenaza del cómo vamos a votar. Yo les puedo decir que nos da la fuerza necesaria para votar con mayor convicción este proyecto».
«Cuando escuchamos estos gritos (abucheos desde las gradas del Senado) sabemos perfectamente que es el odio de hace 50 años atrás (en referencia al golpe de Estado de 1973), y en estos últimos 30 años los que más hablan de democracia son precisamente una izquierda resentida con un discurso de odio», señaló.
FALTA LA VOTACIÓN PARTICULAR
A falta de la votación particular, penúltima oportunidad para posibles modificaciones, el proyecto ampara la llamada «legítima defensa privilegiada», que según el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, «en vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, (lo que hace) es reducir la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad».
El despacho de la ley se suma a la aprobación hace unos días de cinco proyectos sobre seguridad pública, en un escenario marcado por la muerte de dos agentes de Carabineros durante el último mes y con el combate contra la delincuencia en el centro de la agenda nacional.
Este paquete de medidas orientadas a combatir el crimen en el país sudamericano incluyó textos en torno al secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio.
La sensación creciente de inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión, pero los datos reales muestran que los delitos apenas han crecido en los últimos años, aunque han aparecido nuevas tipologías más violentas.
Una vez aprobada de forma definitiva, quedaría saber la posición del Gobierno, que podrías optar por elevarla a instancias judiciales para que estas fallen si se ajusta a la Constitución.