Piden una investigación de la familia Bolsonaro por la compra sospechosa de inmuebles

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1 de septiembre de 2022

Río de Janeiro, 31 ago (EFE).- La oposición brasileña presentó este miércoles una denuncia ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal investigue las denuncias según las cuales el presidente Jair Bolsonaro y sus familiares pagaron con dinero en efectivo por al menos 51 inmuebles adquiridos entre 1990 y 2022.
La denuncia ante el Supremo Tribunal Federal (STF) fue presentada por el senador Randolfe Rodrigues, dirigente del partido izquierdista Rede Solidaridade y portavoz en Senado de la oposición al Gobierno del líder ultraderechista.
Rodrigues, que se ha destacado en los últimos años por su activa participación en comisiones parlamentarias que han investigado irregularidades en el Gobierno, solicitó que la Corte Suprema convoque para interrogatorio al senador Flavio Bolsonaro, al diputado Eduardo Bolsonaro y al concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, los tres hijos del presidente con mandato legislativo.
El diputado, uno de los coordinadores de campaña del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito a vencer las elecciones presidenciales del 2 de octubre, igualmente solicitó que el Supremo ordene la incautación de los computadores y de los celulares de los familiares de Bolsonaro para buscar posibles pruebas de las que considera transacciones inmobiliarias sospechosas.
Rodrigues basó su denuncia en un reportaje publicado el martes por el portal de noticias UOL, que la Presidencia se ha negado a comentar hasta ahora, que analizó 107 transacciones inmobiliarias realizadas por Bolsonaro, sus hijos, sus exesposas y sus hermanos desde 1990.
De acuerdo con el reportaje, en la compra de 51 de los inmuebles fueron usados 13,5 millones de reales (unos 2,7 millones de dólares) en dinero en efectivo, que en valores actualizados llegarían a 26,6 millones de reales (unos 5,1 millones de dólares).
Los responsables por la investigación tuvieron acceso a las escrituras de compra en diferentes registros en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia.
Pese a que la práctica no constituye un crimen, especialistas consultados por UOL aseguraron que los negocios son al menos sospechosos debido a que las compras con dinero en efectivo son usuales para lavar dinero y ocultar recursos de procedencia ilegal.
Algunos de los hijos de Bolsonaro son blancos de investigaciones por supuestamente obligar a los funcionarios de sus gabinetes parlamentarios a entregar, en dinero en efectivo, parte de los salarios que reciben de los tesoros públicos.
Bolsonaro, que aspira a ser reelegido en octubre pero al que los sondeos lo muestran en desventaja frente a Lula, ya que el líder socialista tendría el 44 % de la intención de voto y el ultraderechista el 32 %, afirmó el martes que no considera la práctica inusual.
«¿Cuál es el problema en comprar con dinero en efectivo algún inmueble?», preguntó el jefe de Estado.
Bolsonaro dijo no entender por qué investigaban las propiedades de su familia en plena campaña electoral y agregó que, desde que asumió la Presidencia, en enero de 2019, sus familiares vienen sufriendo una persecución de la prensa.
Entre los inmuebles citados se destaca una mansión en Brasilia adquirida por Ana Cristina Siqueira Valle, una de las exesposas de Bolsonaro y madre de uno de sus hijos. Al ser interrogada hace dos años sobre el lujoso inmueble, Siqueira Valle alegó que lo había alquilado, pero este mes se descubrió que lo incluyó en la lista de bienes que declaró ante las autoridades electorales.
Rodrigues alegó que el Supremo también tiene que investigar el origen de los recursos usados en las adquisiciones debido a que «tan sólo los políticos que están robando son capaces de construir un patrimonio de ese tamaño».
«Estoy convencido de que hay irregularidades y robo de alguna forma en esas transacciones. Con el salario que recibimos (los parlamentarios) no es posible enriquecerse de esa forma», dijo.

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