La Paz, 14 nov (EFE).- Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora en Bolivia, indicó este lunes que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone que el polémico censo sea en octubre de 2023 para tener los resultados finales en el primer semestre de 2024, pese a que el Gobierno ya determinó la fecha para marzo de ese año.
El expresidente de Bolivia y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, informó en una conferencia de prensa que presentarán un proyecto de ley que complementa otra propuesta que enviaron los pasados días sobre la fecha de postergación del censo en la que también abordan la publicación y aplicación de los resultados finales.
Mesa manifestó que el decreto que el presidente Luis Arce aprobó el fin de semana que señala que la fecha del censo es el 23 de marzo de 2024 y que la distribución de los recursos se realizará desde diciembre del mismo año con datos preliminares es «insuficiente» y «sesgado».
Agregó que ese decreto tiene una «base endeble» al sustentarse en resultados preliminares y no en los finales y oficiales y que esos datos solo resuelven la «distribución de coparticipación de los departamentos» y no el tema «político electoral» para la redistribución de escaños o la evaluación del padrón electoral.
«Se necesitan resultados definitivos y los resultados definitivos solo se consiguen cuando se comienza con el tiempo suficiente, por eso insistimos en la fecha», argumentó Mesa.
Explicó que la propuesta consta de cuatro artículos en el que resuelve que la fecha del censo sea el 25 de octubre de 2023 para que los resultados finales estén «oficialmente publicados dentro del primer semestre de 2024» y que comiencen a aplicarse desde septiembre de ese año.
También señala que los datos del censo se apliquen para las elecciones generales de 2025 para la redistribución de escaños, pero también para que se pueda «reevaluar» el padrón electoral para los comicios generales.
El censo que debía ser en noviembre de este año se postergó hasta 2024 con el argumento de que hay que «despolitizarlo» y tener más tiempo para socializarlo, lo cual generó el rechazo de Santa Cruz y otras regiones.
Esta situación generó enfrentamientos entre quienes apoyan y rechazan la huelga indefinida que en estos 24 días deja cuatro muertos, varios heridos y al menos 17 personas aprehendidas.
El fin de semana hubo un cabildo en Santa Cruz en el que se exigió que el censo sea en 2023 y dio 72 horas para que liberen a los detenidos y que la fecha del censo sea puesta en una ley, entre otras determinaciones.