Managua, 1 jul (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega tiene hasta el próximo día 8 para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de liberar a cuatro líderes opositores encarcelados, de lo contrario, comprometerá al país en lo referente a convenios internacionales bilaterales y multilaterales, informó este jueves el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

«Ortega no ha acatado ninguna de las dos sentencias anteriores (de la Corte IDH), la comunidad internacional conoce estas flagrantes violaciones, entonces compromete la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense y se crean mecanismos de presión de los Estados, como sanciones y acciones diplomáticas», explicó a Efe el abogado del Colectivo Braulio Abarca.

El 24 de junio pasado la Corte IDH, cuyos fallos son vinculantes, ordenó la liberación inmediata de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla, sobre quienes Nicaragua debe brindar un informe a más tardar el próximo día 8.

Según Abarca, la posibilidad de que Ortega cumpla la orden de la Corte IDH son dudosas, ya que hasta ahora no lo ha hecho con una resolución a favor de que se respeten los derechos del partido indígena Yatama (2011), ni con el acceso a la justicia para la ciudadana María Luisa Acosta por el asesinato de su esposo Francisco García Valle.

Debido a que los líderes opositores fueron capturados en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega aspira a una nueva reelección, los encarcelamientos contra disidentes, algunos de ellos aspirantes a la Presidencia, «estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho», según la Corte IDH.

ACUERDOS COMERCIALES SOBRE LA MESA

«En el Colectivo hemos estado documentando y dando monitoreo a esta situación (…), debido a la falta de cumplimiento, algunos Estados o comunidades internacionales pueden ejercer o tomar acciones que están representadas dentro de sus propios convenios de cooperación o acuerdos comerciales», sostuvo Acosta.

En este sentido, el Colectivo consideró que la negativa de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales podría dar pie a que se revise su permanencia en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos (actualmente DR-Cafta), o en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.

Acosta recordó que el caso de Nicaragua es clave, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido «más de 80 medidas cautelares que a más de 200 personas, una cifra nunca antes vista», así como tres medidas provisionales, las cuales Ortega continúa sin respetar, según el Colectivo.

Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica desde 2018, cuando ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH.

La CIDH además ha señalado a Ortega como responsable de «crímenes de lesa humanidad».

El Colectivo demandó la liberación «inmediata» de más de 134 «presos políticos», algunos de los cuales llevan más de diez años bajo arresto.

En las elecciones de noviembre Ortega se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.