Sao Paulo, 11 ene (EFE).- Las grandes manifestaciones convocadas por la extrema derecha en las principales ciudades de Brasil para este miércoles no tuvieron lugar, después de que la Justicia advirtiera que tomaría acciones legales contra quien intente seguir promoviendo un golpe de Estado.
A la hora de la convocatoria, la avenida Paulista de Sao Paulo o la playa de Copacabana de Río de Janeiro estaban desiertas, mientras que a la Explanada de los Ministerios de Brasilia solo acudieron dos bolsonaristas, que se sentaron en el suelo frente a los numerosos blindados desplegados por la Policía.
En otras capitales brasileñas se repitió el mismo escenario: calles vacías, ningún manifestante, una nutrida presencia de periodistas y un gran despliegue de las fuerzas de seguridad.
La convocatoria circuló desde la noche del martes en grupos de bolsonaristas en las redes sociales, que pretendían llamar a una «megamanifestación» por la «retomada del poder», una alegación que hizo reaccionar a la Justicia.
El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien instruye una causa que investiga actos antidemocráticos, ordenó a las autoridades de todo Brasil impedir el bloqueo de cualquier vía, carretera o acceso a entidades públicas y arrestar a quien intente alguna de estas acciones.
El magistrado también ordenó que Telegram bloquee los canales y perfiles que promueven este tipo de actos, una instrucción que fue cumplida por la red social, ya que no se podía a acceder a varios de los grupos utilizados habitualmente por los radicales.
En otros grupos que no habían sido bloqueados, algunos usuarios advirtieron que la convocatoria de manifestaciones se trataba de una «trampa» para arrestar a los extremistas, quienes se autodenominan «patriotas».
Los mensajes de convocatoria de las manifestaciones circularon después de que el pasado domingo miles de partidarios de Bolsonaro perpetrasen un ataque coordinado contra las sedes del Parlamento, el palacio presidencial de Planalto y la Corte Suprema.
Los bolsonaristas radicales causaron cuantiosos daños en los palacios, con el objetivo de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una semana después de que asumiera el poder.
Por los ataques, fueron arrestadas más de 1.500 personas, de las cuales unas 600 fueron liberadas por «asuntos humanitarios», aunque permanecen vinculadas al proceso.