Ministra chilena desgrana medidas del gobierno y llama a la unidad en el tema de seguridad

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17 de mayo de 2023

Santiago de Chile, 16 may (EFE).- La ministra chilena de Interior, Carolina Tohá, desgranó este martes la docena de medidas que ha adoptado el actual Gobierno para frenar el alza de los delitos violentos -en su mayoría asociados al narcotráfico-, la migración irregular y el conflicto en la llamada macrozona sur, pidió unidad e instó a la oposición a eludir el uso político de temas como la seguridad y la acción del criticado cuerpo policial militarizado de carabineros.
Durante una interpelación en el congreso a requerimiento de un diputado del partido conservador Renovación Nacional, la ministra insistió en que el problema de la migración irregular es heredado de las anteriores administraciones y que el gobierno se está esforzando al máximo para resolverlo a través de acuerdos con otros países.
«El gobierno del presidente Boric ha presentado 10 proyectos en materia de seguridad, de autoridad propia, ha indicado 11 proyectos. Ha promulgado 12 en materia de seguridad» dijo la ministra antes de recordar que «el Ejecutivo no está haciendo proyectos para dejar contento a algún partido de su alianza de Gobierno».
«Rendimiento no nos falta, lo que nos falta es ponernos de acuerdo en cosas que son muy importantes y que no pueden esperar más», afirmó ante las denuncias del diputado, que acusó de «sesgo ideológico» a cargos públicos que conducen políticas migratorias y deben concretar expulsiones de inmigrantes irregulares y cuestionó la «falta de convicción» del Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad en el país.
Al hilo de este argumento, Toha -que suele comparecer con regularidad en el Congreso para informar sobre su gestión- insistió que al gabinete «nos gustaría también, pero eso no depende sólo de nuestro Gobierno, que cada día hubiera más consenso en dejar de lado los debates inútiles y concentrarnos en los que sirven».
«La seguridad es hacer la prevención, por eso estamos ampliando los recursos para los municipios, para distribuirlos de manera justa (.). Lo que la ciudadanía quiere es que le demos certezas y soluciones», remarcó antes de recalcar que «debiéramos dejar de lado y para siempre el uso político de Carabineros».
MIGRACIÓN IRREGULAR
En cuanto a la cuestión migratoria, Toha recordó que la mayor entrada ilegal de migrantes se produjo durante la administración del anterior presidente, el conservador Sebastián Piñera, quien incluso llego a decir que todos los que querían migrar a Chile eran bienvenidos.
«Cuando asumió el gobierno del presidente Boric había 500.000 solicitudes de residencia pendientes en el Servicio de Migraciones», aseguró la ministra.
«Nuestra capacidad como Estado de expulsar es muy inferior a los decretos que hacemos. De hecho, cuando nuestro gobierno llegó se encontró con 20 mil expulsiones pendientes», respondió la ministra la diputado, que le reprochó que el gobierno hubiera propuesto la regularización de más de 127.000 migrantes.
Tras la interpelación, la ministra declaró ante la prensa que «siempre una queda con la sensación de que podríamos ocupar estos espacios mejor».
«Al menos es mi intención y la nuestra como EJecutivo el que hagamos un esfuerzo entre todos y todas para poner la actividad política al servicio de otorgar seguridad a las personas», señaló.
«La seguridad es un derecho fundamental, importante sí mismo y es habilitante de otros derechos. Es verdad que cuando una persona sufre un delito, no importa su color político, tampoco cuando uno se enferma de algo y requiere un buen sistema de salud o necesita educación. Lo que importa es la buena política», recalcó la ministra.
Chile, uno de los países más seguros de la región, vive un aumento de la violencia.
En los últimos meses, el Congreso ha despachado proyectos destinados a combatir el crimen en el país sudamericano, tratando fenómenos como el secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 se registraron 934 homicidios, lo que implica una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes -muy por debajo de la media regional- y supone un aumento del 34,33 % con respecto al año anterior, cuando hubo 695 homicidios.

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