Lima, 17 dic (EFE).- La Policía y la Fiscalía de Perú intervinieron este sábado el local de la Confederación Campesina del Perú (CCP), donde también se encuentran los del partido izquierdista Nuevo Perú y Partido Socialista, en los que se alojan decenas de personas que llegaron a Lima para participar en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
Agentes de la Policía Nacional ingresaron junto con 8 fiscales al edificio ubicado en la plaza Bolognesi, en el centro histórico de Lima, donde encontraron a numerosas personas alojadas, además de carteles, pancartas y objetos como hondas, machetes y pasamontañas, según señalaron jefes policiales.
El ministro del Interior, César Cervantes, agregó que su sector actúa basado «en un principio democrático» y que todo lo encontrado se pondrá a disposición del Ministerio Público.
Las personas que estaban en el lugar negaron por redes sociales tener conocimiento de la presencia de esos objetos y exigieron que las autoridades investiguen su procedencia.
El edificio en el que se encuentran la CCP y los partidos fue rodeado por decenas de agentes policiales, según constató EFE, cuando se cumple el tercer día del estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno tras las marchas y manifestaciones violentas que han dejado, al menos, 22 muertos, sobre todo en el sur del país.
REACCIONES ANTE EL ALLANAMIENTO
Tras conocerse el allanamiento del local campesino, el asesor de la CCP Francisco Tello declaró a EFE que llegó junto a otros dirigentes hasta el lugar para «repudiar este atropello del gobierno de la señora Dina Boluarte».
«El día de hoy ha mandado a sus esbirros para poder, después de muchísimos años, desde la dictadura de Fujimori, atropellar nuestro local. ¿Cuál es la acusación que hace?, que simplemente los campesinos que han venido a protestar por el cierre del Congreso estarían armados», señaló.
Tello dijo que las fuerzas de seguridad «siempre han sembrado» a los campesinos y aseguró que «este atropello no pasará», pidió la renuncia de Boluarte y de la fiscal general, Patricia Benavides, y que se llame a elecciones generales «lo más pronto posible».
El partido Nuevo Perú también lanzó una alerta en redes sociales y denunció «el intento de allanamiento», en el que, según dijo, «se encuentran alojados hermanos y hermanas que han llegado a protestar pacífica y legítimamente».
Agregó que agentes vestidos de civil dirigen esta operación y que «hay riesgo de siembra de material y violencia contra las personas alojadas en el interior».
El partido denunció, además, que la Policía tampoco permitió el ingreso al local de la congresista izquierdista Ruth Luque, que llegó «para atestiguar el allanamiento».
Luque informó posteriormente, en Twitter, que logró ingresar al local «luego de exigir» que se le permita ejercer «la función de fiscalización y representación» que los legisladores tienen en Perú.
«No permitiremos que el derecho a la defensa se restrinja, cualquier limitación de derechos debe estar vinculado a un delito, no a hipótesis, no a sospechas», remarcó.
Tras conocerse la información sobre este allanamiento, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió «una explicación» del Ministerio del Interior y enfatizó que «la protesta pacífica es un derecho».
«¡Basta de represión!», concluyó.