La OEA enviará a Perú a cancilleres de Argentina, Ecuador, Guatemala y Paraguay

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29 de octubre de 2022

Washington, 28 oct (EFE).- La misión que enviará la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Perú para analizar la crisis política del país estará compuesta por los cancilleres de Argentina, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Belice, además de funcionarios de otros países de la región.
El presidente del consejo permanente de la OEA y representante de Surinam ante el organismo, Marten Schalkwijk, anunció este viernes en un comunicado la composición del grupo de alto nivel, que todavía no ha decidido las fechas de su visita al país andino.
En concreto, la delegación estará formada por los ministros de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Paraguay, Julio César Arriola; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; y de Belice, Eamon Courtenay.
La lista la completan Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia; Christian Guillermet, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica; y Eladio Loizaga, exministro de Exteriores de Paraguay y representante de la Secretaría General de la OEA.
El presidente del consejo permanente de la OEA explicó a EFE que el viaje a Perú «podría ser la próxima semana o poco después, pero esto dependerá de la disponibilidad de los integrantes del grupo».
Schalkwijk explicó que ha recibido información tanto del Gobierno de Perú como del Congreso sobre la situación en el país, la cual ya ha sido distribuida entre los estados miembro.
El consejo permanente de la OEA acordó el pasado 20 de octubre enviar una misión a Perú para estudiar la crisis política del país, después de que el presidente peruano, Pedro Castillo, pidiera al organismo activar la Carta Democrática Interamericana por lo que considera un golpe de Estado en su contra.
Castillo reaccionó así después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por supuestamente encabezar una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.

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