Lima, 25 ago (EFE).- El juez peruano Raúl Justiniano Romero reprogramó este jueves para el 5 de septiembre la audiencia para evaluar el pedido de la Fiscalía de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes.
El magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria decidió, en la audiencia realizada este jueves, la reprogramación de la diligencia con el objeto de que todos los implicados estén presentes, incluido el representante del Ministerio Público y los abogados de las partes.
El pasado lunes, la Fiscalía pidió para la primera dama de Perú, sus hermanos Walter y David Paredes, y el empresario Hugo Espino el impedimento de salida del país por 36 meses y comparecencia ante los tribunales, mientras se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y otros.
Lilia Paredes es investigada como presunta coordinadora de una red encargada de adjudicar obras públicas a cambio de dinero, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, y en la que están implicados sus hermanos, incluida Yenifer Paredes, criada como una hija por la pareja presidencial y hoy bajo arresto preliminar.
En la audiencia de este jueves, el fiscal provincial adjunto Jorge García pidió al juez Romero que no podía acudir presencialmente a la sede judicial porque estaba guardando cuarentena debido a que tenía familiares con diagnóstico de covid-19.
Asimismo, el abogado de Paredes, Benji Espinoza, apoyó el pedido de reprogramación debido a que tenía abundante material de incidencias que revisar en los ocho expedientes que forman parte de este caso.
Los abogados de las otras partes aceptaron la reprogramación hasta septiembre.
Conocida la solicitud de la Fiscalía, el jefe de Estado declaró el último lunes que va a demostrar que su familia y él no han venido «a robarle al Perú ni un centavo».
El programa dominical Panorama reveló que Hugo Espino confesó a la Fiscalía que coordinó con Lilia y Yenifer Paredes, en el Palacio de Gobierno, un acuerdo para ser testaferro de la familia de Castillo, recibió depósitos de dinero de ellos y pagó sobornos para adjudicarse obras de infraestructura con el Estado.
Espino también confesó, según Panorama, que él y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, hoy preso, falsificaron firmas para adjudicarse una obra, aprobada previamente por el mandatario mediante la ampliación del presupuesto a ese municipio distrital en la región Cajamarca, de donde procede Castillo.
El domingo, el jefe de Estado dijo que quieren detener y «engrilletar» (esposar) a su esposa, así como «al resto» de su familia, y declaró que su mujer iba a entregar su pasaporte a las autoridades para demostrar que no tiene intenciones de abandonar el país, algo que no ha realizado hasta el momento.