Guatemala, 23 nov (EFE).- La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala, Consuelo Porras, exigió este lunes al Congreso «priorizar» la elección de 240 jueces del Organismo Judicial, incluido el Supremo, tras la suspensión de la misma desde octubre de 2019 por irregularidades en el proceso. En su mensaje, Porras recordó que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima tribuna del país centroamericano, «se encuentra en firme, no siendo susceptible de modificación alguna», por lo que el Congreso debe retomar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones y Tribunales Colegiados de igual categoría (alrededor de 240 abogados en total). La fiscal general insistió al respecto: «La petición es concreta; que se agende por parte del Congreso la elección de cortes para dar cumplimiento a la sentencia que está en firme y no se puede modificar». La fiscal general añadió que ya hubo una «certificación de lo conducente» del proceso de elección de cortes, que derivó que «se presentaron los debido antejuicios de las denuncias» contra magistrados del máximo tribunal, contra el pleno de la CSJ y contra casi un centenar de congresistas, además de la actual junta directiva del Congreso. LA ELECCIÓN SUSPENDIDA La elección de 2019 fue suspendida luego de que la Fundación Myrna Mack, una ONG que trabaja por la transparencia en el sector justicia, interpuso un recurso legal debido a que había observado irregularidades en el proceso de la comisión de postulación de magistrados y solicitó la suspensión del mismo ante el Constitucional, que avaló el pedido. Posteriormente, en febrero de 2020, cuando se avanzaba a una posible elección de jueces y magistrados, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP realizó una exhaustiva investigación y documentó los intentos de amaño del proceso encabezados por el ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y empresario de farmacéuticas, Gustavo Alejos Cámbara. Alejos, sancionado civilmente el 8 de junio pasado por EE.UU. y procesado en cinco casos de corrupción millonarios desde finales de 2015 en Guatemala, fue señalado por la FECI de haber realizado 16 reuniones con personas vinculadas a la elección -diputados, jueces y políticos- para manipularla mientras se encontraba recluido en un hospital por permiso de un juez. El atraso de la elección de la nueva CSJ y las cortes de Apelaciones ha generado, además, una pugna política entre el Congreso, el Constitucional y los actuales magistrados del Supremo, cuyo enfrentamiento ha derivado en otras investigaciones de la Fiscalía guatemalteca y en la presentación de 118 antejuicios (procesos de desafuero) a 99 diputados, los 13 magistrados de la CSJ y a seis jueces constitucionales. La elección de los 240 jueces, incluidos los 26 titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, es trascendental para la lucha anticorrupción en el país centroamericano, de acuerdo a la opinión de expertos. Según la ley guatemalteca, los jueces designados estarán en sus cargos por un período de cinco años La embajada y el Gobierno de Estados Unidos mediante algunos de sus funcionarios han insistido en los últimos meses para que el Congreso lleve a cabo la elección. Sin embargo, la misma se mantiene prácticamente archivada por parte de la Junta Directiva y la mayoría del Congreso, en manos de la agrupación política Vamos que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei en enero pasado.