Lima, 6 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú expresó este sábado su preocupación sobre los cambios ministeriales anunciados este viernes, después de que el presidente del país, Pedro Castillo, rechazara la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, lo que provocó que este siguiera en su cargo.
«Expresamos nuestra preocupación por los cambios en el gabinete ministerial, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pusiera su cargo a disposición», señaló la institución mediante un comunicado publicado en su perfil de Twitter.
Torres presentó su renuncia como primer ministro este miércoles, pero la noche del viernes, tras gran expectación por saber quién le sustituiría, Castillo comunicó que no se la aceptó, por lo que no se conformó el que hubiera sido el quinto gabinete en la gestión de un año del presidente.
«Resulta preocupante la capacidad de la propuesta y compromiso que pueda ejercer un funcionario, portavoz del Gobierno que había anunciado al país su decisión de apartarse del poder Ejecutivo», indicó la Defensoría.
Tras anunciarse que Torres seguiría siendo primer ministro, quedaba por saber si habría cambios en el gabinete, y finalmente a las 10 de la noche de este viernes se confirmaron nuevos titulares en seis carteras ministeriales, como las de Economía o Relaciones Exteriores.
La Defensoría añadió que todos los cambios realizados en el gabinete ministerial «deben estar orientados a cumplir con las políticas públicas y las priorizaciones del Estado».
Por ello, pidió al gabinete que mantenga a funcionarios y personal cualificado en sus ministerios, y que a su vez incorpore trabajadores públicos que respondan el estándar mínimo establecido por la Ley.
La institución cuestionó el cambio de cartera del ministro Genier Alvarado, quien ha pasado de dirigir el ministerio de Vivienda, al de Transportes «sin justificar un aumento presupuestal del 200 %» de un municipio de Cajamarca, al norte del país.
También llamó la atención de que Willy Huertras, ministro del Interior, siga en su cargo tras presuntamente haber cambiado un equipo policial especial que acompaña a una unidad anticorrupción de la Fiscalía de la Nación.
La Defensoría exhortó al Ejecutivo a que ponga por delante los intereses del país y de la ciudadanía, para lo cual, la institución «supervisará la observancia de los mandatos constitucionales y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas en el país, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad».