Washington, 28 jul (EFE).- Las declaraciones de este viernes de la presidenta peruana, Dina Boluarte, abren la puerta para que se cree un mecanismo de seguimiento con el fin de que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Perú, aseguró a EFE el comisionado Stuardo Ralón.
El encargado de la CIDH para el país suramericano señaló que ve con «buenos ojos» la intención del Gobierno peruano de cumplir con las recomendaciones de la comisión y subrayó que se ha mantenido una «comunicación bastante fluida» con el Ejecutivo de Boluarte.
A partir de ahora, señaló Ralón, la CIDH continuará en «conversaciones» con Perú para establecer en concreto «en qué consistiría el mecanismo», elegir a qué recomendaciones de la CIDH dar prioridad y «establecer con qué frecuencia y de qué manera se va a dar seguimiento».
Durante un discurso ante el Congreso peruano, Boluarte aseguró este viernes que su Gobierno seguirá las recomendaciones recogidas en un informe de la CIDH publicado en mayo, en donde se denuncian «ejecuciones extrajudiciales» durante las protestas entre finales de 2022 e inicio de 2023 en el país.
Sobre este tema, Ralón hizo énfasis en que cada una de las muertes durante las protestas deben ser investigadas. «Tiene que llegarse a un responsable, así como a compromisos de no repetición» por parte del Gobierno, subrayó el comisionado.
En su intervención, Boluarte pidió también perdón en nombre del Estado por los 77 fallecidos en las protestas antigubernamentales, aseguró que no habrá impunidad «para nadie» y que mantiene su compromiso con el Ministerio Público de seguir colaborando en las investigaciones.
Tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado, después de intentar dar un golpe de Estado, las movilizaciones de protesta contra Boluarte convocaron a miles de personas y hubo un total de 77 fallecidos registrados, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden.La CIDH condenó en su último informe publicado en mayo la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones y pidió que se investigaran las «graves violaciones a los derechos humanos» en el país.