Lima, 20 may (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó un «recurso de tacha» que se había presentado para que se anule la inscripción del partido Perú Primero, la nueva agrupación política creada por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), informaron este sábado medios locales.
La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE declaró «infundada» la solicitud presentada por un grupo de ciudadanos encabezado por el abogado Wilmer Medina.
El abogado, quien fue defensor del expresidente Alan García, aseguró en Twitter que la DNROP «con argumentos incongruentes» declaró infundada su tacha y anunció que presentarán una apelación «ante el pleno del JNE».
Vizcarra, por su parte, resaltó en Twitter la resolución favorable y aseguró que su partido «cumplió todos los requisitos establecidos por ley para su inscripción ante el JNE».
«La DNROP ha declarado infundada una tacha presentada por algunas personas, contra la voluntad popular de miles de ciudadanos que respaldan esta nueva alternativa democrática», destacó.
En su resolución, este organismo ordenó «continuar con el procedimiento de inscripción solicitado por el Partido Político Perú Primero una vez que la presente resolución quede firme».
Después de que Vizcarra anunció, el pasado 3 de mayo, la inscripción de su partido, una comisión del Congreso citó al presidente del JNE, Jorge Luis Salas, para que informe sobre este tema, pero el funcionario no asistió a la convocatoria porque, según dijo, está impedido de adelantar opinión.
Vizcarra reemplazó en marzo de 2018 en la Presidencia peruana a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y, durante su gestión, mantuvo una dura pugna con el Congreso dominado por el fujimorismo, que terminó disolviendo el 30 de septiembre de 2019.
Sin embargo, el 10 de noviembre de 2020 fue destituido por «incapacidad moral» por el Parlamento siguiente, que también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por el escándalo de vacunaciones irregulares contra la covid-19 durante su gestión, conocido en el país como «Vacunagate».
Por ese motivo no pudo asumir el cargo de congresista para el que fue electo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.
El 11 de mayo de 2022 recibió una segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, por presuntamente haber cometido una infracción constitucional al intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, durante el Gobierno de Kuczynski.
A pesar de ello, Vizcarra afirmó el pasado 10 de noviembre que esperaba asumir el cargo de congresista, ya que aseguró que el Poder Judicial iba a resolver «pronto» un recurso que pide revertir su inhabilitación, algo que hasta el momento no ha sucedido.
En febrero pasado, el Congreso peruano aprobó un informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de la covid-19 durante la pandemia.
Tras esto, el 26 de abril la fiscal general peruana, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra y su exministra de salud Pilar Mazzetti por el «Vacunagate» como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión».