La Paz, 31 may (EFE).- El Gobierno boliviano denunció este lunes que el supuesto sobreprecio de 2,3 millones de dólares en una compra irregular de material antidisturbios en el mandato transitorio de Jeanine Áñez fue «invertido» en la construcción de un complejo de edificios y en una inmobiliaria en el país.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, manifestó que los 2,3 millones de dólares de supuesto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos realizada por el exministro de Gobierno Arturo Murillo se encuentra en las regiones de Santa Cruz, el motor económico del país, y la central Cochabamba.

«Gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en la construcción del World Trade Center en el departamento de Santa Cruz», denunció del Castillo en una conferencia de prensa.

Además, sostuvo que el dinero también se encontraría en la inmobiliaria El Doral, en Cochabamba.

«Vamos a trabajar como Ministerio de Gobierno para recuperar cada centavo, cada peso, cada boliviano que se le ha robado al pueblo boliviano», enfatizó el ministro.

Del Castillo indicó que estos depósitos realizados «han sido embargados a través de autoridades correspondientes» y detalló los cuatro «sobornos» que se realizaron en medio de la adquisición de ese material antidisturbios en 2019.

El Gobierno boliviano explicó que el mandato de Áñez pagó 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la pasada semana sobre el arresto de dos ciudadanos bolivianos y otros tres estadounidenses por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero, entre ellos el exministro Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez y dueños de la empresa intermediaria.

Estas cinco personas están acusadas de supuesta «conspiración para cometer lavado de dinero» y en caso de que sean declarados culpables enfrentarían una condena de 20 años de prisión, señala el documento publicado.

La audiencia de Murillo en Estados Unidos se realizará el próximo 7 de junio y la Procuraduría General del Estado boliviano contrató un bufete internacional de abogados para que siga el caso.

INVESTIGACIONES

Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que en el marco del caso denominado «gases lacrimógenos» en Bolivia ya hay 20 personas investigadas y cinco aprehendidas y que ya está en curso la solicitud de extradición del exministro.

«Se presentó ante la autoridad jurisdiccional la solicitud de extradición del señor Murillo, este trámite seguirá su curso a través de la autoridad judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores», indicó Lanchipa citado en un comunicado.

Lanchipa también expresó que el Ministerio Público solicitó tres veces a la Organización Internacional de la Policía (Interpol) activar el sello azul para conocer el paradero de Murillo y también del exministro de Defensa Luis Fernando López, quien también estaría supuestamente vinculado a esta compra irregular.

«Lastimosamente la Interpol nos ha respondido en todos los casos indicando que se trataba de una persecución política y que no iba a dar curso a las solicitudes», dijo Lanchipa.

De igual forma, el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv, anunció que por este caso se va a citar a declarar a la expresidenta Áñez y al gabinete de 17 exministros que le acompañaban para que brinden información sobre los decretos que autorizaban la compra de este material antidisturbios.

Por este caso hubo en Bolivia una decena de allanamientos a inmuebles vinculados con los detenidos en Estados Unidos y se aprehendió al cuñado, a la hermana y al exedecán del exministro Murillo, al igual que a otro policía.