Ciudad de Guatemala, 2 feb (EFE).- El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) compareció este miércoles en un juicio en su contra por un sonado caso de corrupción y defendió su inocencia al argumentar que la trama fue «política».
El exmandatario está acusado por adueñarse de millones de dólares en un caso de defraudación aduanera denominado «La Línea», destapado en 2015 por el Ministerio Público (MP-Fiscalía), lo que lo obligó a renunciar a la Presidencia en septiembre de ese año sin poder cumplir sus cuatro años de mandato.
El general retirado aseguró este miércoles que fueron acusaciones «mediocres» las que presentó el Ministerio Público en su contra, según aseveró durante su intervención en el debate oral y público que se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo B del Organismo judicial guatemalteco.
El exmilitar, de 71 años, añadió que la justicia en 2015 «fue politizada» por la entonces fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana.
Según Pérez Molina, la intención de Aldana, quien en 2018 dejó el cargo y ahora está exiliada en Estados Unidos, era conseguir la continuación en el país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y también su candidatura presidencial en 2020.
El expresidente afirmó que todos los detenidos por el caso «La Línea», que suman más de 20, fueron «condenados» de forma pública por Aldana y no les dieron la oportunidad de presentarse a la primera declaración.
Además, afirmó que el MP «no tiene pruebas» que demuestren su participación en esa trama en la que es acusado de defraudación aduanera, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Pérez Molina dijo en su declaración, que duró más de dos horas, que las escuchas telefónicas presentadas por la Fiscalía en su contra son «ilegales» porque él era presidente de Guatemala y gozaba de inmunidad.
El general retirado fue detenido en septiembre de 2015, horas después de renunciar a su cargo por el caso «La Línea», en el que se le acusa de enriquecerse mediante una estructura paralela en el ente recaudador de impuestos.
Dicho caso es uno de los mayores escándalos de corrupción destapado en Guatemala y fue el inicio de una lucha anticorrupción encabezada por Aldana y la Cicig bajo el mando del comisionado colombiano Iván Velásquez.
La lucha anticorrupción se vio interrumpida por la expulsión en 2019 de la Cicig del país centroamericano por decisión del presidente Jimmy Morales (2016-2020), quien en aquel momento tenía a su hijo y hermano sindicados por estafa al Estado en proceso penal comandado por la misma entidad comandada por Velásquez.
Pérez Molina se encuentra sindicado en al menos otros tres escándalos de corrupción, incluido el caso «Cooptación del Estado».
TAMBIÉN LA VICEPRESIDENTA
Quien fuera vicepresidenta de Pérez Molina, Roxana Baldetti, detenida y acusada también por «La Línea», declaró de igual forma este miércoles ante el tribunal y negó su participación en los hechos que le imputa la Fiscalía.
Baldetti responsabilizó de los delitos en su contra al que fue su secretario privado, Juan Carlos Monzón, quien se convirtió en testigo protegido del MP y fue quien delató a los autores de la defraudación en la aduanas del país centroamericano en 2015.
Según Monzón, la red era liderada por Pérez Molina y Baldetti, pero estos siempre han negado su participación en la trama.
Las investigaciones de las autoridades han señalado en los últimos seis años que el todo el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti (2012-2015), incluido a su Gabinete completo, pudo haber tenido ganancias ilícitas por más de 500 millones de dólares en total mediante prácticas corruptas.