Ciudad de Panamá, 16 dic (EFE).- El Tribunal Electoral de Panamá presentó este jueves ante el Supremo dos demandas de inconstitucionalidad en contra de dos artículos de una reforma al Código Electoral aprobada por el Parlamento, referentes a la paridad de género y la financiación pública preelectoral.

La primera acción presentada por los magistrados electorales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuestiona la «inequitativa distribución del financiamiento público preelectoral entre los candidatos por libre postulación y los partidos políticos» en la norma aprobada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), señaló un comunicado de la corporación electoral.

El proyecto de ley con los cambios al Código Electoral avanzó en el Parlamento pese a la oposición de sectores civiles y políticos que protestaron en las calles contra los cambios aplicados por los diputados al proyecto de ley original, consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), en la que está representada la sociedad civil y los partidos políticos.

Uno de estos cambios introducidos tiene que ver con la propuesta original del Tribunal Electoral y la CNRE de distribuir 15 % de financiación para la libre postulación y 85 % para los partidos políticos, pero la AN terminó aprobando 7 % y 93 %, respectivamente, lo que el ente rector de los comicios ha demandado por considerarlo inconstitucional.

La propuesta inicial de financiación, de acuerdo con el Tribunal Electoral, fue elaborada «con fundamento en tres criterios científicos relacionados con el respaldo popular previo y postelectoral, así como con la oferta electoral que representaron los candidatos por libre postulación».

El Tribunal Electoral explicó que con la segunda demanda de inconstitucionalidad sobre el tema de la paridad de género en las postulaciones se persigue «eliminar una válvula de escape (en lo aprobado) que les permite a los partidos políticos no cumplir con dicha paridad, pues la misma hace ineficaz el mandato de la paridad».

Puntos críticos en la reforma son cambiar la forma de adjudicación de las curules en circuitos plurinominales y eliminar el residuo, impulsar la paridad de género o eliminar el fuero electoral, no avanzaron en el Parlamento, lo que sectores civiles adjudicaron al deseo de los diputados de no perder privilegios ni cuotas de poder.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, objetó parcialmente y devolvió al Parlamento la reforma a la ley electoral, tras vetar un artículo que establecía una amnistía a las multas de candidatos que no presentaran los balances financieros de sus campañas.

El Parlamento recibió el 20 de octubre el proyecto con dicha objeción, y 24 horas después eliminó el único artículo refutado por Cortizo.