San Salvador, 8 abr (EFE).- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó en una entrevista con un medio estadounidense que una reforma al Código Penal que pena hasta con 15 años de cárcel «cualquier expresión» que haga referencia al «control territorial» de las pandillas sea una censura a la prensa.
En la entrevista difundida este viernes, Ulloa dijo a la Voz de América que «no es censura, es combatir actos delictivos que se reproducen por medios no solamente de prensa».
Ulloa agregó que lo que se ha emitido en el Congreso, de mayoría oficialista, es una «norma general, en la cual se está tratando de combatir este mecanismo de comunicación, de promoción y de apología del delito».
Sin citar ejemplos o aportar pruebas, Ulloa señaló que «hay una forma de estimular la incorporación de jóvenes a las pandillas con algún tipo de comunicación que se da en los medios».
En otra parte de la entrevista, indicó que «la disposición no menciona medios de comunicación ni escritos, ni televisivos, ni particular».
«No está afectada la libertad de prensa, lo que está sancionado son los mensajes que tengan como propósito difundir los mensajes de las pandillas o haga apología», agregó el vicepresidente.
Afirmó, nuevamente sin indicar pruebas, que «hay algunos medios que han hecho una industria de trabajar con las pandillas» y «eso es lo que algunos temen, que ahora ya no van a poder seguir explotando ese tipo de negocio».
Sin embargo, dijo que las penas señaladas sí se pueden aplicar contra los periodistas.
«Si el titular de un periódico pone una nota que tomó de una wila (mensaje en clave de las pandillas) y de la wila se estaba dando un mensaje subliminal, por supuesto se le va aplicar la ley», dijo Ulloa.
Agregó: «Pero los periódicos, lo medios de televisión, de prensa, de radio, de cualquier otro tipo que no violen la ley no tienen porqué temerla».
La Asamblea Legislativa aprobó el martes una reforma al Código Penal que dicta con penas de 10 a 15 años de cárcel por «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas».
Añade que «en especial las que tengan como finalidad aludir a control territorial de dichos grupos o transmitir amenazas a la población en general».
El relator de la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Serafín Valencia, dijo el miércoles que la enmienda es contraria a la Constitución, al representar una «censura previa», prohibida en la carta magna.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), consideró recientemente que la reforma «busca silenciar a los medios de comunicación independientes».
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y, además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta del presidente Nayib Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.