El viceministro peruano de Transportes, condenado a seis años de cárcel

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10 de septiembre de 2022

Lima, 9 sep (EFE).- El viceministro peruano de Transportes, Luis César Rivera Pérez, fue condenado a 6 años de cárcel por una negociación incompatible con su cargo, a raíz de una denuncia cuando fue gerente general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), informó este viernes la Fiscalía.
Rivera Pérez fue sentenciado por haber intervenido en la contratación de dos empresas de seguridad para el aeropuerto Juan Velazco Astete y la estación radar Acopia Grande, ambos en la ciudad de Cuzco, de acuerdo con la acusación del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.
Horas después de conocerse la decisión judicial, el viceministro presentó ante el titular de su cartera, Geiner Alvarado, la carta de renuncia al cargo que desempeñaba desde junio pasado.
«Tengo a bien saludarlo y, a la vez, presentar mi renuncia por motivos personales al cargo de viceministro de Transportes», se lee en el documento difundido en Twitter por el ministerio.
El hasta este viernes viceministro agradeció a Alvarado la confianza depositada en él «en todo momento».
«Ha demostrado una identificación profunda con el país para atender las necesidades del sector y, en especial, las necesidades de la población más vulnerable», subrayó.
La misma sentencia contra Rivera Pérez fue impuesta a cuatro funcionarios del terminal aéreo del Cuzco, el segundo con mayor movimiento de viajeros del país, después del aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, que sirve a Lima, y a los representantes de las empresas World Security and Services, Emilo Huamán Pérez, y de Walkers Protection, Henry Achaca Vergaray, como cómplices.
El Ministerio Público detalló que el fiscal adjunto provincial Guzmán Vera Coronel probó que uno de los sentenciados Dhenis Cabrera Garrido y el actual viceministro autorizaron la contratación de las dos empresas por un monto de 1.761.878 soles (457.000 dólares) y fraccionaron las órdenes de servicio por cifras menores a las tres unidades impositivas tributarias (UIT), renovadas cada dos días entre marzo de 2013 y enero de 2014.
Para conseguirlo, omitieron el trámite de la exoneración por la causal de desabastecimiento inminente, con la finalidad de beneficiar ilícitamente a dichas compañías, afirmó la Fiscalía.
El juez ordenó, en adelanto de fallo, el pago solidario de 1.255.420 soles (326.000 dólares) como reparación civil a favor del Estado; la cancelación de 180 días multa (equivalente a 532 dólares cada uno) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de seis años.
Actualmente, la Fiscalía y la Policía Nacional buscan detener al exministro de Transportes Juan Silva, denunciado como parte de la presunta organización criminal en el Ejecutivo, atribuida al mandatario Pedro Castillo, para adjudicar obras de Estado a determinadas empresas a cambio de dinero.

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