Lima, 7 nov (EFE).- La Corte Suprema de Perú declaró este lunes improcedente un recurso presentado por el presidente Pedro Castillo que buscaba anular la denuncia constitucional que presentó en su contra en el Congreso la fiscal general, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una supuesta organización criminal.
«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (de la Corte Suprema) declara improcedente tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo, investigado por la Fiscalía de la Nación (general) por los presuntos delitos de colusión (fraude) y crimen organizado», informó el Poder Judicial a través de Twitter.
Castillo, quien asumió el cargo en julio de 2021, presentó en octubre pasado este recurso ante la Corte Suprema peruana por una supuesta «afectación a la garantía y derecho de la tutela jurisdiccional efectiva».
El recurso pretendía invalidar la denuncia que la fiscal Benavides presentó en el Parlamento contra el mandatario por un caso en el que también están implicados varios exministros de su Gobierno y miembros de su entorno familiar por supuestamente integrar una red corrupta para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas.
La audiencia para evaluar la tutela de derechos se desarrolló el pasado 27 de octubre, cuando el juez supremo Juan Carlos Checkley escuchó los argumentos de la Fiscalía y de la defensa del mandatario, representada por el abogado Benji Espinoza, quien insistió en que el artículo 117 de la Constitución peruana solo permite que el presidente en funciones sea acusado por cuatro delitos concretos, que no contemplan las causales de corrupción.
«NO CORRESPONDE A LOS JUECES»
En la resolución, Checkley defiende la «imposibilidad jurídica de declarar jurídicamente la nulidad o de dejar sin efecto una denuncia constitucional».
En ese sentido, argumenta que el marco legislativo peruano establece que corresponde al Congreso decidir si formula o no la acusación constitucional a partir de la denuncia presentada por la Fiscalía.
En caso de prosperar -continúa el juez- la acusación debe pasar de nuevo a manos del Ministerio Público, al que corresponde la eventual formulación de la investigación preparatoria.
Solamente si esto ocurre, el juez supremo tendría potestad para determinar si la aprueba o no, sostiene Checkley.
Por eso, el juez supremo concluye que la denuncia constitucional de Benavides «constituye el ejercicio de una atribución que le ha sido conferida» y que esta «da lugar a una evaluación en sede parlamentaria, que le es exclusiva y excluyente, pues solo dicho poder del Estado, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puede calificar las denuncias constitucionales».
«No corresponde a los jueces del Poder Judicial declarar la invalidez o la ineficacia de los actos o actuaciones unilaterales que constituyen la materialización del ejercicio de las atribuciones propias de la Fiscalía de la Nación, como lo que constituye la formulación de una denuncia constitucional ante el Congreso», se lee en la resolución.
Así, el Legislativo, dominado por la oposición política, deberá resolver el destino de la acusación contra Castillo, quien calificó la denuncia de Benavides como una «nueva modalidad de golpe de Estado», por lo que solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Interamericana en el país.