Santiago de Chile, 20 dic (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este martes la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado del país, plan que contempla 10 puntos que buscan enfrentar las operaciones de organizaciones delictivas nacionales e internacionales.
«Este es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo, con acciones, metas y recursos, de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas», señaló el mandatario desde el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno).
El plan, construido de forma coordinada entre múltiples instituciones del Estado involucradas directamente en la lucha contra el crimen organizado, considera una inversión superior a los 39.000 millones de pesos (más de 4 millones de dólares) y ajustes territoriales acordes a la realidad de cada región.
«Quiero, como presidente de la República, que en nuestra patria todos y todas sus habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo y que pueden vivir sin miedo», añadió el jefe de Estado chileno.
Además, el mandatario tuvo palabras para el Senado, que no ratificó la nominación de Marta Herrera como nueva Fiscal Nacional, el segundo nombre desechado por el Legislativo para conducir al Ministerio Público.
«Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado -y, permítanme decirlo, creo que lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional- se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que actuar todos en pos de un bien común, salir de la pelea chica», puntualizó Boric.
Entre otros puntos, la Política Nacional contra el Crimen Organizado considera el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, mejorando la coordinación en el intercambio y análisis de información con miras a ejecutar acciones conjuntas.
Por otro lado, la política busca golpear de manera más directa la economía del crimen organizado, mejorando la capacidad estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por estos grupos y en la lucha contra el lavado de activos.
La disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales también ocupa un lugar central dentro de la política nacional, robusteciendo los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencias de armas.
Abordar el crimen organizado en cárceles, impulsar con fuerza una agenda legislativa en la materia, actualizar equipamiento y tecnología, además de mejorar la formación institucional y el capital humano de quienes combaten a estas organizaciones, son otros de los ejes incluidos.
La presentación de la política se da al mismo que la Asociación Nacional de Fiscales mantiene un paro total de actividades desde el lunes, movilización impulsada por el gremio tras denunciar un «menosprecio» del Gobierno tras no llegar a acuerdo por un reajuste económico del 12 %.
«Que se den el lujo de parar la persecución penal no corresponde», señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ante esta situación.