Caracas, 16 may (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este martes, por unanimidad, la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que busca recuperar bienes del país en el exterior, donde son administrados por un sector de la oposición.
«Esta ley tiene como objeto fundamental la recuperación de nuestros bienes», indicó el diputado chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en la sesión de la AN.
Asimismo, dijo que el texto legislativo declara como nulo cualquier intento o acción de «organismos internacionales» contra bienes del Estado, «que le pertenecen al pueblo de Venezuela, no le pertenecen a los Estados Unidos ni le pertenecen a ningún grupo político de la oposición venezolana».
Cabello señaló que esta ley se complementa con la recién aprobada de Extinción de Dominio, que busca recuperar bienes y recursos del país vinculados a casos de corrupción.
«Partimos de las medidas coercitivas unilaterales, sanciones, del bloqueo criminal, de la persecución contra los funcionarios venezolanos que ha llevado al despojo de algunas propiedades e intereses de nuestro país», sostuvo.
La ley, de acuerdo con el texto, tiene como finalidad «proteger el patrimonio» venezolano frente a cualquier «intento o acción de expolio, protagonizado desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas».
A principios de mayo, el Departamento del Tesoro estadounidense decidió, a través de la licencia general número 42, no adoptar «medidas coercitivas» para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre Citgo, filial de la venezolana petrolera Pdvsa en EE.UU.
La licencia autoriza al Parlamento del periodo 2016-2021, formado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo de mayoría chavista, a efectuar «ciertas transacciones» en relación con «cualquier deuda del Gobierno de Venezuela», Pdvsa o «cualquier entidad» en la que la estatal posea «una participación del 50 % o más».
La decisión también permite la «negociación de acuerdos de conciliación» con personas designadas por este Legislativo, considerado por EE.UU. como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.