Managua, 15 dic (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, cerró este miércoles su período de cinco años, tiempo en el que aprobaron 157 leyes y 599 decretos, incluida una resolución en la que pidieron al presidente Daniel Ortega retirar al país de la OEA.

El titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, recordó en su informe que el pasado 16 de noviembre 83 de los 91 diputados aprobaron una declaración en la que instaron al presidente Ortega, «en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), siguiendo el mecanismo estipulado en el Artículo 143 de dicho instrumento».

Esa declaración fue propuesta por los sandinistas en rechazo a una resolución aprobada en la 51 Asamblea General de la OEA, que desconoció las elecciones del 7 de noviembre -en las que se impuso Ortega, con sus principales contendientes en prisión-, al considerar que «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».

«PAQUETE DE LEYES REPRESIVAS»

El Parlamento también aprobó un paquete de leyes, consideradas represivas por los organismos humanitarios y la oposición, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que sanciona pagos y donaciones del exterior; y la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga cualquier información que el Gobierno considere como amenaza.

También la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que impide aspiraciones políticas a quienes critiquen al Gobierno o aplaudan sanciones al Ejecutivo o a sus funcionarios; así como una reforma al Código Penal que estableció la cadena perpetua para «crímenes de odio».

Además, una reforma legal para que las personas permanezcan en prisión hasta por tres meses sin ir a juicio.

Entre los últimos decretos aprobado está la derogación del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en diciembre de 2006 entre Nicaragua y Taiwán, considerada por China una provincia rebelde.

En la víspera, el Parlamento anuló con trámite urgente ocho acuerdos o instrumentos jurídicos suscritos entre Nicaragua y Taiwán, a iniciativa del Ejecutivo de Ortega, cuyo Gobierno rompió el pasado 9 de diciembre sus relaciones con Taipei y las reanudó con China después de 31 años.

Porras detalló que en 2017 aprobaron 207 instrumentos jurídicos, entre leyes y decretos; 163, en 2018; 152, en 2019; 142, en 2020; y 92 este año.

Asimismo, dijo que del 2017 al 2021 celebraron 362 sesiones plenarias, de las cuales 307 fueron ordinarias, 43 especiales, dos extraordinarias y diez sesiones solemnes de inauguración y clausura.

TILDA DE «DELINCUENTES» A OPOSITORES PRESOS

Durante su informe, Porras criticó a los opositores que guardan prisión en su mayoría acusados por «traición a la patria», a los que tildó de «delincuentes» y los acusó de haber intentado un golpe de Estado contra el Gobierno de Ortega en abril de 2018, en el marco de unas manifestaciones antigubernamentales por unas controvertidas reformas a la seguridad social.

«Los delincuentes que hoy tienen que rendir cuentas ante el pueblo de Nicaragua por sus crímenes y que están presos por esos crímenes. Los que están presos, no están presos por pensar diferentes o por no ser sandinistas, están presos porque destruyeron, incendiaron, asesinaron, golpearon la economía, y asesinaron a centenares de nicaragüenses», sostuvo.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.

A la sesión solemne acudieron representantes de los diferentes poderes del Estado, Ejército y Policía, y diplomáticos de las embajadas de Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras, Irán, Libia, Palestina, Rusia y Venezuela.