Lima, 3 feb (EFE).- La cascada de acusaciones por presunta violencia familiar de algunos de los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Castillo desató una oleada de indignación en Perú, donde varias entidades feministas exhortaron al presidente a rectificar ante la falta de garantías de respeto a los principios de igualdad de género.
«Una vez más nos han puesto un gabinete no idóneo», declaró a Efe Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), para quien este nuevo equipo del Ejecutivo, que asumió el pasado martes, genera «muchísima preocupación» por mostrar «poco acercamiento a los derechos humanos y la igualdad de género».
«Nuestro marco legal impide que autoridades que hayan cometido violencia, de género particularmente, asuman cargos públicos y, sin embargo, el cargo de primer ministro se lo han dado a alguien que tiene ciertas denuncias probadas y sistemáticas, además, tanto en el ámbito familiar como en el público», criticó Chávez.
Y es que en el ojo del huracán está el jefe del tercer gabinete ministerial de Castillo, el congresista y abogado Héctor Valer, de quien este miércoles trascendió que acumula diversas denuncias por violencia familiar, de vecinos, agentes de seguridad y por agredir a una empleada de la empresa Agrobanco durante una evaluación psicotécnica.
Según reportó la prensa local, el flamante primer ministro fue denunciado en octubre de 2016 por violencia familiar contra su difunta esposa y su hija y, pocos meses después, una jueza dictó medidas de protección a favor de la cónyuge y le prohibió al político realizar «cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio» de ella.
Luego de que salieran a la luz estas acusaciones, Valer reiteró este jueves ante la prensa que no es un maltratador y que la resolución judicial de protección para su exesposa es «nula» y «fue dada con la intención de hacer daño».
Si bien los reproches hacia el jefe del gabinete indignaron a muchos internautas y entidades civiles, no generaron ni un solo pronunciamiento en el resto del equipo ministerial.
Cuando fue consultado sobre ello, el nuevo titular de Defensa, José Gavidia, salió del paso diciendo que este era un «tema personal» y declaró de forma confusa que él también tenía «un tema muy personal».
Horas después, el canal Latina reveló que, por ese «tema muy personal», Gavidia se refería ni más ni menos que a una denuncia también por violencia familiar por parte de su esposa, quien formalizó la acusación en setiembre de 2021 por presuntamente haberla hostigado.
En medio de estos escándalos, la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte, publicó este jueves un mensaje en Twitter en el que aseguró que no dará marcha atrás «en la implementación de leyes y políticas con enfoque de género, así como la lucha contra las diversas formas de violencia hacia la mujer».
La designación de Ugarte, quien es una de las únicas cuatro mujeres que integran el nuevo gabinete, resultó también controvertida, entre otras cosas, por haberse mostrado en antiguas ocasiones en contra de la educación con enfoque de género al considerar que esta atentaría contra los «valores» de los niños y contra «el núcleo familiar».
En ese contexto, la organización feminista Flora Tristán emitió un comunicado en el que mostró su «contundente rechazo» a las designaciones de Valer y Ugarte e instó a Castillo «rectificar y garantizar la defensa por la democracia, la transparencia, la igualdad de género y una verdadera lucha contra la corrupción sin alinearse a bloques antiderechos y fundamentalistas».
En el mismo sentido, se expresó la directora de Promsex y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que calificó el nombramiento de Valer de ser «una afrenta y una amenaza latente» contra los derechos de las mujeres, una «situación agravada por una ministra de la Mujer que reniega del derecho a la igualdad entre niñas y niños».
También se pronunció la asociación civil Transparencia, que culpó a Castillo «del grave deterioro de su Gobierno y de la democracia» al designar «altos funcionarios no idóneos» y conformar un nuevo gabinete que ha generado «condiciones para agravar» problemas como la falta de compromiso de su Gobierno con la integridad y la transparencia.
«Designar a un presidente del Consejo de Ministros con denuncias por agresiones y violencia familiar sintetiza esta situación», sentenció.
Más de la mitad de mujeres manifestaron en 2020 haber sufrido alguna vez violencia familiar por parte de sus parejas, esposos o convivientes en Perú, donde cada 45 minutos desaparece una mujer y cada dos días y medio otra es asesinada a manos de un hombre por el simple hecho de serlo.