Ciudad de Guatemala, 3 sep (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, dictaminó este viernes habilitar la conmutación de penas de cárcel en casos de corrupción, para todos aquellos delitos que conlleven menos de cinco años de prisión.
Con la decisión, criticada por varios sectores, el Constitucional guatemalteco da la potestad a los jueces del país centroamericano para que permitan a los condenados por corrupción evitar la prisión con el pago de una multa, si su sentencia no supera los cinco años tras las rejas.
El máximo tribunal del país indicó en un comunicado que el dictamen tiene como origen un recurso legal presentado por el abogado particular Julio Roberto García Merlos en «contra del inciso 7 del artículo 51 del Código Penal».
El Constitucional aseguró en la nota de prensa que la medida busca reducir las penas para casos que «escapan del ámbito propio de la corrupción» como «el delito de desobediencia, el abandono del cargo o la omisión de auxilio entre muchas otros citados algunos en la sentencia».
Los otros delitos ahora conmutables a los que hace referencia la sentencia, divulgada por medios locales, son peculado, aceptación ilícita de regalos, exacciones ilegales, cobro indebido, simulación de delito, colusión, perjurio, falso testimonio, presentación de testigos falsos y malversación.
De igual forma se acepta la conmutación por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal, entre otras.
El dictamen fue ordenado de manera unánime por los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Néster Vásquez Pimentel, Leyla Lemus, Luis Rosales, Juan José Samayoa y José Francisco de Mata.
El abogado colombiano Iván Velásquez, quien dirigió entre 2013 y 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), criticó en redes sociales la decisión del máximo tribunal guatemalteco.
«La Corte de Constitucionalidad de Guatemala permite que los corruptos condenados a cinco años de prisión conmuten la pena pagando 9.125 quetzales. Por 1.200 dólares, borrón y cuenta nueva. Ese es el ‘compromiso’ del Estado narcocleptocrático en la lucha contra la corrupción», añadió el colombiano.
Velásquez lideró, junto al Ministerio Público, un combate a la corrupción que tuvo su auge entre 2015 y 2019 con la imputación de más de 250 personas entre diputados, ministros, funcionarios, empresarios de élite y presidentes, incluido Otto Pérez Molina (2012-2015), que tuvo que renunciar por acusaciones en su contra.
Por su parte, la organización JusticiaYa también manifestó su oposición a la decisión de la corte, y recordó que el impulsor del recurso legal, Julio Roberto García Merlos, es abogado del empresario Felipe Bosch, acusado en un caso de corrupción por financiar ilícitamente la campaña del expresidente Jimmy Morales (2016-2020).
Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países con más corrupción en Latinoamérica.