El máximo órgano de la judicatura de Perú denuncia un ataque a la democracia por parte del Congreso

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13 de diciembre de 2023

Lima, 12 dic (EFE).- La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura, denunció este martes que la destitución que ha planteado el Congreso a sus miembros constituye un «un ataque al orden democrático».
«La Junta Nacional de Justicia rechaza el contenido de la moción 9525 presentada en el Congreso de la República, mediante la cual se busca remover de modo inmediato a sus miembros. Ello supondría un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias», sostuvo la JNJ en un comunicado.
El Congreso de Perú debatirá esta semana una propuesta que pide destituir a los miembros de la JNJ por haber suspendido como fiscal general y durante seis meses a Patricia Benavides.
La unidad anticorrupción abrió una investigación al entorno de Benavides por supuestamente liderar una red de tráfico de influencias en el Ministerio Público, de la que presuntamente se beneficiaron parlamentarios.
La moción para destituir a los miembros de la JNJ fue presentada por los parlamentarios Jorge Montoya y Alejandro Muñante, del partido ultraconservador Renovación Popular, y afirma que el Congreso debe tomar esa medida «en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 157 de la Constitución».
Plantea, en ese sentido, remover de forma inmediata a los miembros de la JNJ «por la flagrante comisión de actos contrarios a la ley, consistentes en haber suspendido temporalmente» a Benavides «en sus funciones de fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos».
Pero el comunicado de la JNJ difundido este martes, explica que el procedimiento disciplinario aplicado contra Benavides sí está descrito en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ y que la evaluación al conflicto de intereses que argumenta la moción de los parlamentarios, «le corresponde exclusivamente al Pleno de la JNJ, según el artículo 17 de su Ley Orgánica, y no al Congreso».
«La JNJ demanda una vez más el respeto a sus competencias constitucionales, la independencia de poderes en el Perú y la defensa de la institucionalidad democrática, base del bienestar y del progreso de los peruanos», concluyó la institución.
La Junta Nacional de Justicia suspendió el pasado miércoles por seis meses a Benavides del cargo «con la finalidad de asegurar el normal desarrollo» de una investigación que se ha abierto a una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público.
Esa presunta red es acusada de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
La Junta abrió el pasado 28 de noviembre un proceso disciplinario inmediato a Benavides, un procedimiento que solo inicia el organismo cuando «existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular» en las autoridades judiciales.
La suspendida fiscal general presentó este lunes ante la JNJ un pedido para que se revoque su suspensión y luego afirmó ante una comisión del Congreso que es víctima de un complot «de fuerzas oscuras» por su «lucha frontal contra la corrupción» en su país.

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