Santiago de Chile, 11 abr (EFE).- El expresidente chileno Sebastián Piñera declaró este martes en calidad de imputado ante la Fiscalía en una investigación por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
Piñera, quien gobernó en los periodos no consecutivos 2010-2014 y 2018-2022, prestó declaración en su oficina, ubicada en el este de la capital y hasta donde se trasladó la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, según medios locales.
La declaración del exgobernante tiene lugar días después de que lo hicieran antiguas autoridades de su segundo mandato, entre ellas los exministros de Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, quienes estuvieron al mando de la seguridad pública y de las fuerzas policiales durante la ola de protestas.
Piñera, el único conservador que ha llegado a La Moneda desde el retorno a la democracia en 1990, ya había declarado al menos en una oportunidad hace dos años por esta misma causa, que se abrió tras la presentación de una veintena querellas por parte de organismos de derechos humanos y, en algunos casos, por el exsenador Alejandro Navarro.
«Los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país», dijo el pasado 31 de marzo al diario local La Tercera el abogado del exmandatario, Samuel Donoso.
Chile vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020 la mayor ola de manifestaciones desde el fin de la dictadura militar, que empezó como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.
Las revueltas ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos decenas de mutilados oculares, y dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.
La ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron además al cuerpo de Carabineros (policía militarizada) por violaciones a los derechos humanos.
«Confío en el trabajo que está realizando el Ministerio Público y espero que se haga justicia», dijo este martes la senadora Fabiola Campillai, una de las víctimas más simbólicas de la violencia policial y quien se quedó ciega luego de que un agente le dispara una bomba lacrimógena al rostro cuando se dirigía a trabajar durante las protestas.
Piñera ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas, aunque distintas voces del antiguo Ejecutivo sí reconocieron que las fuerzas policiales cometieron abusos.
La Corte Penal Internacional rechazó en diciembre del 2021 el requerimiento contra el expresidente por supuestos delitos de lesa humanidad impulsado por el exjuez español Baltasar Garzón y distintas organizaciones de derechos humanos.