San Salvador, 15 mar (EFE).- La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó este miércoles un presupuesto de 129,3 millones de dólares para las elecciones generales de 2024, entre ellas la elección presidencial en la que el mandatario Nayib Bukele busca la reelección.
El fondo, solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que fue avalado el lunes por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, fue aprobado con los votos de 74 diputados de 84 en el Congreso.
El diputado Christian Guevara, jefe de la fracción oficialista Nuevas Ideas (NI), señaló durante la sesión plenaria que del total aprobado, «70,3 millones de dólares serán asignados a las elecciones en el interior» del país y «59 millones serán asignados al proceso para que los salvadoreños en el exterior voten».
Apuntó que con dicha aprobación del presupuesto «quedan apagadas las voces hipócritas que dicen que acá hay dictaduras».
«Aquí no hay dictaduras, hay democracia y la aprobación en tiempo del presupuesto solicitado por el Tribunal Supremo Electoral lo demuestra», añadió.
De acuerdo con un boletín del Órgano Legislativo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contratarán personal para la conformación de los organismos electorales temporales, publicidad, material para las votaciones y la alimentación de los cuerpos de seguridad.
Además, «se contrataría a la empresa que ejecutará la implementación del sistema de voto, a las firmas auditoras que verificarán los procesos implementados y la que creará el registro electoral».
El Salvador debe realizar en 2024 las elecciones a la Presidencia, Asamblea Legislativa, Alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El domingo 4 de febrero de 2024 se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas, mientras que el domingo 3 de marzo serán los comicios de Paralacen y alcaldías.
En caso de ser necesario, en esta última fecha se realizaría la segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales, en las que el presidente Nayib Bukele buscará la reelección, a pesar de señalamientos de que es inconstitucional.