San Salvador, 5 jul (EFE).- La defensa del exministro de Seguridad salvadoreño René Figueroa (2004-2009) y su esposa, Cecilia Alvarenga, solicitará el beneficio judicial de «juicio abreviado», en el que los imputados confiesan sus delitos a cambio de penas leves, en un proceso por lavado de dinero, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
La fuente indicó en un escrito en su sitio en internet que «analizará la solicitud que presentará la defensa del exministro y su esposa para aceptar la salida alterna a ese proceso».
«Como parte del trabajo encomendado por el señor fiscal general de la República, en el sentido que los hechos no queden en la impunidad, es que vamos a analizar la propuesta que presenten los defensores para determinar si es procedente o no», señaló uno de los fiscales del caso.
La presentación de dicha solicitud llevó este lunes al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador a aplazar el inicio del juicio contra Figueroa y Alvarenga, programado para hoy mismo, por lo que se espera se instale el 16 de agosto próximo.
El exfuncionario es acusado de lavar más de 3 millones de dólares, de los que más de 1,9 millones supuestamente provenían de fondos desviados por el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).
Figueroa fue uno de los funcionarios más influyentes durante la Administración de Saca, quien paga una condena de 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero.
Saca confesó en un juicio, en agosto de 2018, que desvió y lavó mediante sus empresas de comunicaciones más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
El Ministerio Público presentó una demanda civil contra Figueroa el 19 de julio de 2019 por el supuesto enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares.
Este monto es señalado en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se da cuenta de 18 irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exministro.
De acuerdo con la investigación de la Sección de Probidad de la CSJ sobre la gestión de Saca, supuestamente se utilizaron planes de seguridad como fachada para malversar unos 20 millones de dólares.
El beneficio de «juicio abreviado» fue utilizado por Saca para evitar condenas altas en un proceso por la malversación de más 300 millones de dólares y en otro por cohecho.
La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión y que los jueces deberán respetar el trato.