Ciudad de Guatemala, 17 jun (EFE).- Un tribunal guatemalteco condenó este jueves a 27 años de prisión a cinco hombres por el asesinato en 2018 del expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Arturo Sierra González.
La resolución estuvo a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia Penal guatemalteco, tras comprobar la implicación de los cinco sospechosos, todos miembros de una estructura criminal dedicada a asaltar personas tras salir de entidades bancarias.
Los cinco condenados a 27 años de prisión inconmutables son Rogelio Chin Monroy, Raúl Tocay Yumán, Cristian Urízar Calel, Francisco Pérez Pérez y Brayan Alexánder Revolorio, según confirmó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) mediante sus canales de comunicación.
De acuerdo con el tribunal, los fiscales del MP lograron corroborar la vinculación de los cinco condenados en el asesinato el 26 de enero de 2018 del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, con la declaración de varios testigos, entre otras pruebas.
La mayoría de los implicados fueron detenidos entre marzo y abril de 2018 cuando las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público desarticularon la estructura criminal.
Sierra González fue atacado a balazos en su vehículo cuando circulaba por una calle al sur de la Ciudad de Guatemala, tras retirar dinero en una entidad bancaria.
El abogado, nacido en el departamento de El Progreso el 19 de marzo de 1943, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2014, y presidió la corte entre 2013 y 2014.
También se desempeñó como magistrado de la Corte de Constitucional, el máximo tribunal del país, entre 1996 y 2001, tras ser postulado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, centro de estudios donde se graduó en 1970 y donde ejerció como director de asuntos jurídicos.
Guatemala es, según organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo y solo en la última década registró más de 60.000 homicidios.
De acuerdo a un informe de la plataforma local independiente Mirador Judicial, el 89 % de los crímenes violentos en Guatemala en 2020 terminaron en la impunidad.