Quito, 2 mar (EFE).- El inicio de la presentación de la acusación por cohecho contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) y otras 36 personas por el caso Sinohydro quedó aplazado este jueves a petición de algunos abogados de los imputados en la causa.
El caso se centra en los presuntos sobornos recibidos por Moreno y su familia cuando era vicepresidente del expresidente Rafael Correa (2007-2017) por parte de la empresa estatal china Sinohydro durante la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
El juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, aceptó la petición de los letrados de diferir la audiencia para las 9.00 de este viernes al argumentar algunos de ellos que no habían tenido acceso al expediente, mientras que otros investigados adujeron que habían decidido cambiar de defensa.
La audiencia ya se había pospuesto inicialmente seis horas a petición del abogado de Moreno, David Meza, quien asumió la defensa del expresidente la pasada semana y pidió postergar la vista para poder estudiar el expediente, por lo que el juez aceptó retrasar el inicio de las 8.00 a las 14.00 de este jueves.
Ahora, con similares solicitudes de los demás procesados, el magistrado postergó por segunda vez el inicio de la presentación de la acusación que debe realizar la Fiscalía General del Estado.
En declaraciones a periodistas al ingreso a la audiencia, Meza señaló que volverá a pedir este viernes que se postergue la audiencia porque no ha tenido aún ocasión de estudiar el expediente.
«Tal vez aquí no nos tomen en cuenta, pero en cortes internacionales genera una grave afectación a los derechos mi defendido», afirmó Meza.
Sobre la acusación, el abogado aseveró que Moreno no tuvo que ver «absolutamente en nada» con los presuntos sobornos porque «él era vicepresidente en su momento, no estuvo a cargo de los sectores estratégicos, y como presidente ese contrato ya se tenía firmado».
El exmandatario, que desde el año pasado reside en Paraguay, donde como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, asistió a la audiencia de manera telemática.
76 MILLONES DE DÓLARES EN SOBORNOS
De acuerdo con la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, los sobornos en este caso ascienden a 76 millones de dólares, que corresponderían a aproximadamente el 4 % del valor contratado de la obra.
Si bien el contrato se firmó por 1.979 millones de dólares, en la práctica su costo rebasó los 2.245 millones de dólares.
«Esas decenas de millones de dólares en coimas (sobornos) habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación, y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias», detalló Salazar la pasada semana.
La acusación de la fiscal también incluye a la esposa de Moreno y una de las hijas de ambos, así como a dos hermanos y dos cuñadas del expresidente, a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
BAJO INVESTIGACÓN DESDE 2019
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador.
Sin embargo, el exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia ecuatoriana en otro caso de corrupción.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiera en funcionamiento en 2016.