Río de Janeiro, 9 jun (EFE).- El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, pidió este miércoles que la policía de este estado brasileño «investigue más y mate menos» al lamentar la muerte de una mujer embarazada durante un operativo, que se suma a otros casos que reflejan la gravedad de la violencia policial en la ciudad.

Paes, en declaraciones que concedió a periodistas, defendió la adopción de una nueva política de seguridad pública en Río de Janeiro que permita que «se arreste más, se condene más, se investigue más y se mate menos».

De acuerdo con datos oficiales, en los tres primeros meses de este año se registraron 453 muertes de civiles en operaciones de la Policía en Río de Janeiro, un número en un 18 % superior al del primer trimestre de 2020.

El año pasado el número de víctimas de violencia policial en Río de Janeiro fue de 1.245.

Paes defendió cambios en la política de seguridad pública, que es una responsabilidad del gobierno regional y no del municipal ni del nacional, al lamentar la muerte de Kathlen Romeu, una joven de 24 años con cuatro meses de embarazo, impactada por una bala perdida durante una operación policial registrada el martes en una favela del llamado Complejo de Lins, en la zona norte de la ciudad.

«Lo que no podemos permitir es que se comience a creer que esas tragedias son naturales: que una joven embarazada puede ser impactada por una bala si sale a caminar a la calle. No podemos perder nuestra capacidad de indignación ante estos hechos. Estamos hablando de personas y no de números», dijo.

El alcalde afirmó que la seguridad pública es el principal desafío para el turismo en Río de Janeiro, que es la meca turística de Brasil y una de las ciudades que más genera interés turístico en América Latina por sus bellezas naturales y su famoso carnaval.

«Creo que lo que más reduce el número de turistas que recibimos es la violencia. Aunque éste no es el principal problema para las personas que nos visitan, ellos terminan viendo en la televisión las escenas de personas armadas», explicó.

En mayo pasado, en una operación duramente cuestionada por la ONU y por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, 28 personas murieron, entre ellas un policía, en un intercambio de tiros entre uniformados y miembros de una banda criminal en una favela de Río de Janeiro.

La acción fue considerada como la «mayor masacre» en la historia de Río y volvió a levantar las alertas sobre los abusos de los uniformados en la ciudad, ya que la mayoría de los civiles muertos eran jóvenes, negros y habitantes de favelas, de los cuales solo tres eran buscados por las autoridades.

Irregularidades denunciadas por testigos de los hechos, que aseguran que varios de los fallecidos fueron ejecutados dentro de sus casas y que algunos ni siquiera estaban armados, han puesto los hechos bajo la lupa de las autoridades competentes.