Alberto Fernández entregó a diputados una petición de juicio político contra el presidente del Supremo

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5 de enero de 2023

Buenos Aires, 4 ene (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, entregó este miércoles su petición de juicio político al presidente de la Corte Suprema y a los restantes miembros del máximo tribunal de justicia ante los diputados oficialistas Germán Martínez y Carolina Gaillard.
Según informó Presidencia, el mandatario convocó a Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (peronista), y a Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, para hacerles entrega del documento que impulsa junto a 11 gobernadores para que «inicien su pronto tratamiento legislativo».
Pese a que inicialmente se informó de que 12 de los 24 gobernadores del país respaldaron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en un capítulo más de la tensión política entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal, fueron 11, ya que, según indicó la prensa local, el de Entre Ríos (noreste) abandonó el proyecto.
Fernández había adelantado el 1 de enero la intención de impulsar el juicio político al presidente del Supremo, Horacio Rosatti, por, según indicó este martes, «mal desempeño en sus funciones».
Junto a los gobernadores solicitaron también que se inicie el proceso de juicio político para el resto de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- por «algunos hechos con distintos grados de responsabilidad».
El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición, que rechazó la iniciativa del Ejecutivo.
No obstante, la comisión de Juicio Político de Diputados puede iniciar el debate y una investigación.
Un reciente fallo de la Corte Suprema obligó al Estado nacional a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el conservador Horacio Rodríguez Larreta, por un valor del 2,95 % de la denominada coparticipación federal -frente al 2,32 actual-.
Pese a que Fernández inicialmente decidió no acatar el fallo, después anunció que pagaría al Gobierno capitalino, bajo el mandato de uno de los principales aspirantes de la oposición para las próximas elecciones presidenciales, con bonos, lo que fue calificado de «trampa» por este.
En opinión del mandatario, el fallo del Supremo es una inyección económica a la carrera política de Rodríguez Larreta en año electoral.
En ese contexto, en los últimos días de 2022 se filtraron unas supuestas conversaciones comprometedoras de un funcionario capitalino, Marcelo D’Alessandro, con un asesor del presidente del Supremo, que llevaron a que el político anunciara este martes que se tomaba licencia de su cargo para resolver su «situación».
Las diferencias entre el Ejecutivo y el Supremo también abarcan las decisiones relativas a la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-, en un contexto en que la vicepresidenta, Cristina Fernández, afronta varias causas por presuntos hechos delictivos ocurridos durante sus mandatos (2007-2015).
En una de ellas, el pasado 6 de diciembre la exmandataria fue condenada por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.

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